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Desidia e incompetencia – Por Leopoldo Fernández

   

Las aguas bajan turbias en el Puerto de la Cruz. No es la primera vez, ni seguramente será la última. Un tercio aproximadamente de la población de la ciudad turística -alrededor de 14.000 habitantes- sufre desde hace más de dos semanas las consecuencias de, entre otros, varios problemas de suministro de agua por culpa de la turbidez del líquido elemento de la red de abastecimiento público, que además presenta un exceso de microorganismos. Se trata de la cuarta ocasión, en el curso de los 14 últimos meses, en que los habitantes de siete barrios periféricos portuenses no deben utilizar el agua del grifo ni para beber, ni tampoco para la elaboración de comidas o alimentos, siguiendo las recomendaciones precautorias establecidas por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Tanta reiteración de un mismo problema sólo puede atribuirse a una mala gestión de la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, o a la desidia e incompetencia de la corporación municipal, si bien todo indica que son las dos partes las responsables del actual desaguisado. Como en la fábula del poeta portuense Tomás de Iriarte, Aqualia y el ayuntamiento discuten si la culpa de la baja calidad del agua es atribuible a galgos o a podencos, mientras varios millares de ciudadanos son tomados por rehenes de una situación tercermundista que pone en almoneda la imagen del Puerto de la Cruz cuando la ciudad turística más necesita de una proyección positiva de sus potencialidades de presente y de futuro. Ni los bidones de agua potable, instalados con retraso y colocados en ubicaciones no siempre acertadas, ni las explicaciones lastimeras por una situación no deseada justifican en absoluto la pésima actuación de todos los actores de este drama ciudadano, impropio de los tiempos que vivimos. Hace dos años que se sabe de la existencia de problemas en el depósito de agua de La Charca de La Vera y hace meses que sucede algo similar con el de Mar Dulce. Lo mismo puede decirse respecto de la necesidad de nuevos filtros, imprescindibles para reducir la turbidez del agua. Con estos antecedentes, no se entiende que tan grave asunto haya llegado a enquistarse y a día de hoy no se encuentre ninguna posible solución con carácter de urgencia. Ni siquiera la oportuna ayuda ofrecida por el Cabildo de Tenerife ante la ineficiencia municipal va a ser capaz de arreglar un problema del que deberían avergonzarse las autoridades portuenses, que desde luego no se ganan el sueldo que perciben. En el colmo de la negligencia, ni siquiera se plantean la realización de una auditoría a Aqualia sobre la prestación del servicio, por si procediera declarar la extinción del mismo o, en su caso, la imposición de una sanción.