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Desobediencia civil – Por Ángel Llanos Castro*

   

La desobediencia civil es un acto no violento y abierto a los ciudadanos, mediante el que se desobedece premeditadamente algún precepto legal, justificándolo por razones morales, religiosas o políticas, y cuyos actores no buscan un beneficio personal, sino que su objetivo es demostrar la injusticia de la ley y conseguir cambiar la norma o una política concreta.

Los que, en democracia, están a favor de la desobediencia civil, la defienden con argumentos morales (si las leyes no cuentan con un componente moral, no se consideran justas); pero el pluralismo moral de los últimos tiempos impide el consenso sobre cuáles son los “componentes inequívocamente morales” de las leyes. También la justifican afirmando que si el juicio de una ley lleva a categorizarla como en contra de los derechos humanos, se considera que dicha ley es injusta, lo que justifica incumplirla. Del mismo modo, el aparato del Estado desarrollado durante la democracia lleva a una forma de democracia “sin participación” que justifica la protesta pacífica.

Por el contrario, la desobediencia civil también tiene detractores que consideran que en las democracias consolidadas todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y el equilibrio entre los tres poderes del Estado garantiza la ausencia de abusos institucionales. En general, los críticos de la desobediencia piensan que el orden social es una característica esencial de cualquier sociedad moderna que pretenda estabilidad en su territorio, quedando como meros “delincuentes comunes” todo aquel que incumple la ley. Finalmente, la visión anarquista de la política ve una justificación moral en todas sus acciones, ya que al rechazar el poder político en su conjunto rechazan también sus leyes; pero la ausencia de resultados en el cumplimiento de sus objetivos les lleva al siguiente paso de la violencia. No obstante, uno de los problemas de las democracias consolidadas es la excesiva vinculación del poder político y los intereses económicos, especialmente en un mundo globalizado donde las decisiones que afectan a las naciones se adoptan en instituciones supranacionales. Este escenario, trasladado a cada país, conlleva que las políticas de los representantes públicos no sólo estén sometidas a los intereses de sus respectivos partidos, sino que los partidos lo están a los de las grandes empresas, de cuyos consejos de administración acaban formando parte los políticos más destacados, y de cuya financiación dependen para sufragar las cada vez más costosas campañas electorales. Esto lleva a que muchos ciudadanos recurran a la desobediencia civil como fórmula para defender sus derechos ante la ausencia de esperanza de que así sea por la vía política.
Durante las crisis económicas, todas las instituciones de los Estados pierden credibilidad, lo que lleva a los ciudadanos a movilizarse en grupos organizados de protesta. En España, el movimiento 15M y Democracia Real Ya eran en su esencia un marco incomparable para el debate sereno y sin ataduras de los problemas que afectan a las personas, y que llegó a acaparar la participación de decenas de miles de ciudadanos en diferentes capitales. No obstante, su credibilidad se deterioró cuando sus líderes fueron incapaces de atenerse a las “reglas del juego” de la desobediencia civil (en especial, el carácter pacífico). Así, usaron una inicial violencia de “perfil bajo” contra los derechos de los ciudadanos que no compartían sus planteamientos, obligando al cierre de establecimientos en las plazas públicas, y complicando la convivencia pacífica al dormir, comer, realizar sus necesidades físicas y acumular basuras en lugares públicos durante semanas. Pero finalmente pasaron a una violencia “genuina”, quemando contenedores, destrozando mobiliario urbano y atacando a las fuerzas de seguridad del Estado.

Otro ejemplo es la previsible desaparición de la banda terrorista ETA, que tras 40 años de crímenes atroces, es utilizada en parte por los seguidores de los planteamientos de la izquierda abertzale para ofrecer actualmente un modelo de desobediencia civil a fin de alcanzar sus reivindicaciones políticas (la independencia de Navarra y el País Vasco español y francés de sus respectivos Estados). No obstante, si manifestaciones más o menos pacíficas (como la celebrada el 11 de enero de 2014 en Bilbao), pueden encuadrarse en un proceso de desobediencia civil ya que sus objetivos son imposibles de alcanzar en el marco constitucional actual (el artículo 2 de la Constitución establece la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles), no es menos cierto que dicha acción “no violenta” está precedida por cuatro décadas de ataques a los derechos humanos por quienes ahora utilizan esta herramienta.

Dado que es la doctrina de los derechos humanos la que distingue la ley de la justicia, las acciones de ahora no se ajustaron en sus orígenes a los principios morales a los que debe someterse toda actuación humana. En definitiva, la desobediencia civil, en el siglo XXI, gira excesivamente alrededor de la frontera de la violencia, lo que invalida.
*VOCAL DEL CONSEJO SOCIAL DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE