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Dos errores – Por Leopoldo Fernández

   

Era una ocasión que ni pintada para decir sí. Sí a la reforma del sistema electoral canario propuesta por NC, con los retoques que decidiera la mayoría, y sí a la toma en consideración de la propuesta presentada por el Cabildo grancanario para modificar la Ley de Renovación y Modificación Turística, de modo que en esa isla se puedan construir hoteles de cuatro estrellas en condiciones distintas de las autorizadas por esa norma. El Gobierno se ha equivocado de arriba abajo.
Y se ha equivocado porque los dos partidos que lo sostienen, CC y PSOE, en reiteradas ocasiones -y en el propio pacto de legislatura así se recoge- han insistido en la conveniencia de actualizar los preceptos electorales vigentes. Para, incluyendo una lista autonómica y rebajando los actuales topes del 30 y 6% insular y regional de votos necesarios para poder acceder al parlamento regional, obtener una representación más genuina, de modo que, por ejemplo, el sufragio de un ciudadano de El Hierro no valga 18 veces más que el de un tinerfeño. ¿A qué viene entonces ese empecinamiento por aplazar una vez más la reforma electoral con la absurda disculpa de que será incluida en la prevista reforma del estatuto de autonomía? Una cosa no es incompatible con la otra. Además, ningún estatuto incluye en su texto el apartado electoral por tratarse de una norma de carácter independiente. En cuanto a la propuesta de la corporación insular de Gran Canaria, que respaldan el sector empresarial hotelero y el cabildo, ni siquiera se ha aceptado para su debate. Todo un despropósito teniendo en cuenta el respaldo con que cuenta y la anunciada buena disposición del ejecutivo autonómico para, previa evaluación de sus efectos, revisar en un par de meses los condicionantes existentes para la construcción de establecimientos hoteleros de cuatro estrellas, los más demandados en la Isla Redonda, sin tocar las rehabilitaciones. De haberse aceptado la iniciativa, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central a instancias del ministro Soria habría quedado en la práctica sin efectos jurídicos. Con lo que se habrían evitado graves perjuicios al sector, que no va a poder construir ningún establecimiento hotelero o extrahotelero por tiempo indeterminado, con la consiguiente inseguridad jurídica y la posible huida de los inversores con proyectos en cartera. Si el Gobierno central ha ido demasiado lejos en los efectos del mentado recurso, que podía haberse ahorrado en parte, el canario no le va a la zaga al cerrarse en banda a una deseable rectificación, con todas las cautelas que se quieran. Volvemos así a las andadas de la moratoria turística, cuando el diálogo y la colaboración fueron sustituidos por el ordeno y mando.