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Los dos marroquíes aceptan ser devueltos a su país si hay condena

   
Imagen de archivo de una de las sesiones del juicio. / FRAN PALLERO

Imagen de archivo de una de las sesiones del juicio. / FRAN PALLERO

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Los dos acusados de nacionalidad marroquí en el macrojuicio por la llegada de una narcopatera a las costas de La Laguna con más de 1.100 kilos de hachís en diciembre de 2011 aceptaron ayer ser devueltos a su país en el caso de que finalmente sean condenados, tal y como propuso el fiscal del caso, que aprovechó la última sesión de la vista oral para lanzar un alegato sobre el fiasco que ha supuesto para la acusación este proceso. A este respecto cabe recordar que de los veinte acusados iniciales ya solo se sientan seis, debido a la anulación de la mitad de las escuchas telefónicas que se practicaron durante la investigación policial que desembocó en este sumario.

Por lo que respecta a la sesión de ayer, el Ministerio Público mantuvo la rebaja en sus acusaciones que adelantó en su día DIARIO DE AVISOS. Además de la absolución de 14 de los implicados al inicio del macrojuicio, al principal acusado se le ha rebajado la solicitud de pena de 12 años de cárcel a cinco, tres por tráfico de drogas a cuenta de un kilo de hachís hallado en una casa y otros dos por tenencia ilícita de armas.

Su abogada, la tinerfeña Mila Pacheco, insistió ayer en su plena absolución, poniendo especial énfasis en invalidar el registro domiciliario al considerarlo igualmente nulo. De momento, este acusado ya se encuentra en libertad provisional.

Otras rebajas en la solicitud de pena se dan en el caso de los dos marroquíes que llegaron con la zódiac y a los que puede haberles perjudicado su reconocimiento de que estaban aquel día en la playa, aunque aseguraron ante el plenario que desconocían el contenido del alijo, que supusieron de tabaco. Para ellos se solicitan cinco años de cárcel en lugar de los siete iniciales, al igual que otros dos acusados que suponen la rama grancanaria del sumario. El único que se mantiene igual es el de la armería, para el que piden cuatro años de prisión por un delito de depósito de armas y municiones.

En cuanto al alegato del fiscal, incluyó un llamamiento a replantear las funciones de las partes procesales, a la par que lamentó lo sucedido en este juicio, ya que a pesar de la contundencia de pruebas como los 1.100 kilos de hachís se acabe como en el caso que nos ocupa.

Lo cierto es que los magistrados (en este caso, los de la Sección Quinta de la Audiencia provincial) se atienen escrupulosamente a la ley, como es su deber, dado que el problema radica en los juzgados de instrucción, donde no se motivan o se hacen de forma deficiente decisiones de la gravedad de una escucha telefónica. Estas circunstancias se vienen repitiendo a pesar de los recordatorios y aclaraciones realizadas por el Supremo. Por recordar un ejemplo, el mayor alijo de éxtasis en la historia de esta provincia acabó con todos los acusados absueltos menos uno.