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Errar y pagar – Por Jorge Bethencourt

   

La posición de tirar el llamado “mamotreto” a toda costa empieza a parecer surrealista. Se entiende que si se declara ilegal e ilegalizable no haya más remedio que tirar a la basura los diez millones de euros invertidos en levantarlo. Pero digo yo que a lo mejor habría que intentar legalizarlo y darle algún uso, aunque no sea el inicialmente previsto. Siempre se le puede dar al barrio de San Andrés para ubicar servicios públicos, para almacén de los pescadores…

Todo lo que rodea al edificio es asombroso. Es un edificio público propiedad del ayuntamiento que se supone que invade una zona pública de Costas. Lo primero que a uno se le ocurre es que si un trozo del edificio está fuera del tiesto siempre se puede tirar ese pedazo y aprovechar el resto. Pero parece que no. Y lo segundo es que si se trata de dos administraciones públicas, de un edificio público y de suelo público, ¿donde puñetas ha estado el problema para que se pusieran de acuerdo y arreglaran el problema? Pues no sólo no lo arreglaron sino que el tema llegó a la vía penal. Y tres funcionarios -además de varios cargos políticos- resultaron condenados por emitir informes jurídicos equivocados. Tan equivocados que, según la sentencia, ellos sabían que estaba firmando algo erróneo. Es decir, lo mismo que si un tribunal superior, cuando revoca una sentencia de otra instancia, condena a los jueces que emitieron la primera sentencia porque entienden que además de equivocarse sabían que se estaban equivocando. Algo se está saliendo del tiesto en esta sociedad y de forma irreparable.

Velar por el cumplimiento de la legalidad no se puede convertir en perseguir a las administraciones locales. Si los supuestos errores jurídicos de los informes de funcionarios de ayuntamientos son condenables y les afectan a ellos y a los políticos que actúan conforme a esos informes, entonces es que hay que aplicar una norma general a todo el mundo: “El que se equivoque, la paga”.

Y bajo esa premisa general todo aquel ciudadano, funcionario o civil, que meta la pata -aunque no meta la mano- deberá ser condenado. Y así jueces, fiscales, periodistas, funcionarios y concejales, entre otras finas hierbas, estarán sometidos al mismo imperio de la misma ley donde el simple error puede ser considerado un delito. Y que hagan sitio en los talegos, porque no va a caber la gente.