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la reforma de la ley canaria de vivienda (II) > medidas antidesahucios

La expropiación de una casa a un banco solo podrá durar tres años

   

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La reforma de la ley canaria de vivienda, en trámite parlamentario, pretende evitar que familias desahuciadas por vía judicial se vean en la calle al no poder pagar sus hipotecas debido a su empobrecimiento por la crisis, cuando se trate de personas en riesgo de exclusión social. Para ello, el Gobierno regional podrá expropiar la vivienda al banco durante un máximo de tres años, de modo que la familia podrá continuar ocupándola en durante ese tiempo.

¿Qué obtendrá el banco a cambio? Un justiprecio en forma de renta mensual que se financiará en parte con fondos públicos y en parte con los que aporte el propio desahuciado, que deberá desembolsar hasta un 25% de los ingresos de la unidad familiar. Llama la atención que el texto de la futura ley condiciona la aplicación de tales medidas de auxilio “en función de las disponibilidades presupuestarias”, aunque a renglón seguido se prevea que cada año en los presupuestos del Gobierno canario “se consignarán los créditos necesarios para atender esta finalidad”.

Una disposición adicional del proyecto de ley -que la pasada semana continuó adelante en el pleno del Parlamento, con el único rechazo del PP, que lo ve inconstitucional- fija que, en estos casos, el beneficiario mantendrá esos tres años el derecho de reversión de la vivienda, es decir, que podrá recuperar la propiedad pese a que ya hubiera en su contra lanzamiento judicial. Sin embargo, eso solo será posible si “sus circunstancias [económicas] se modificaran antes de transcurrir los tres años”. Después, el banco recuperará el uso de la vivienda.

En la iniciativa legislativa (surgida a raíz de las protestas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas , PAH) no se aclara qué pasará a partir de ese trienio con los desahuciados que sigan en extrema penuria económica, aunque lo que sí parece claro es que habrán perdido para siempre lo invertido en la vivienda por la que un día se hipotecaron.

Quiénes podrán ser los beneficiarios
Requisitos socioeconómicos. Podrán acogerse a la expropiación quienes tengan residencia habitual y permanente en la casa objeto de ejecución hipotecaria, y en la que no viva ningún miembro de la familia con otra en propiedad. Además, deberán tener la condición inicial de propietarios y deudores hipotecarios y que su desalojo les pueda generar una situación de emergencia o exclusión social.

Requisitos económicos. Se exigirá que “las condiciones económicas de la persona hayan sufrido un importante menoscabo”, es decir, “cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado, al menos, por 1.5, y ello suponga más de un tercio de los ingresos familiares.El conjunto de los ingresos de la familia no podrá superar el 3 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).