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Frías acusa al alcalde de privatizar la ayuda jurídica

   

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVD) ya es historia, al menos en el formato que fue concebido. Ayer, una moción de Sí se puede, sirvió para constatar que las tres trabajadoras que prestaban este servicio ya han sido despedidas.

“Si las manteníamos, incurríamos en un delito”, defendió Bermúdez. Aunque tanto el alcalde como la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, afirmaron que el servicio de ayuda jurídica a los usuarios del IMAS va a continuar.

Asun Frías, edil de Sí se puede, denunció que se ha dejado la puerta abierta a su privatización: “La externalización del servicio es lo mismo que su privatización y por eso exigimos que se garantice su carácter público y que las trabajadoras sigan en su puesto hasta que se decida cómo se cubren sus plazas”. Trabajadoras sociales del IMAS acudieron a apoyar la moción de Frías que fue rechazada.