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La frustración de los atuneros – Por Ana Oramas

   

La vida en el mar es una de las más difíciles que existe. La soledad en medio del océano y las maratonianas jornadas lejos de casa para rastrear el espacio marino a la búsqueda del sustento para mantener sus economías familiares convierten al sector pesquero en uno de los que más sacrificados. Una dureza que ha obligado a muchos a buscar fuera del mar una salida laboral menos exigente y que les permita estar más cerca de sus familias.

A las dificultades que entraña salir cada madrugada a la inmensidad del mar, muchas veces sin una fecha de retorno, se suman otros inconvenientes de carácter administrativo y diplomático que añaden nuevos obstáculos a una actividad que, por sí sola, conlleva muchísimos esfuerzos. Es el caso concreto de los atuneros canarios, que esta semana han agotado en poco más de un día la limitadísima cuota fijada por la comunidad internacional y aceptada por el Estado para las Islas.

Muchas son las embestidas que ha tenido que capear uno de los sectores más tradicionales de la economía canaria. Embestidas muy duras que han provocado en las últimas décadas el desguace de muchas embarcaciones y la huida constante de pescadores hacia profesiones más estables. Es cierto que la solución se encuentra casi siempre en la comunidad internacional, que es la que fija los cupos y los acuerdos entre países, pero también lo es que España no ha actuado con la suficiente contundencia para lograr un acuerdo que, al menos, ponga en igualdad de oportunidades a la flota canaria con respecto a buques de otros países que, además, no tienen ningún pudor a la hora de incumplir las normas y los topes fijados en la captura de especies como el preciado atún rojo.

A pesar de que la temporada abierta para el atún dura hasta el próximo día 1 de junio, a los pescadores les ha bastado poco más de un día para alcanzar el tope fijado para nuestra flota. La veda se abrió el lunes, día 24 de marzo, y poco más de 24 horas después la flota tuvo que retornar a los puertos asignados al alcanzar las 52 toneladas autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Era la crónica de una situación más que previsible.

La ruta por la que se desplazan los atunes junto a Canarias es una de las más ricas del planeta y todo apuntaba a que la cuota era tan insignificante que, incluso, muchos barcos se quedarían sin la opción de salir a pescar, tal como ocurrió en las isla de La Palma y Gran Canaria, en la que se vieron afectados por un temporal que les impidió sumarse al inicio de una campaña para la que se llevaban preparado muchísimo tiempo. Doble frustración en su caso.

La desesperación se ha adueñado entre unos profesionales que asisten impasibles al paso del atún por nuestras aguas sin poder hacer absolutamente nada para capturar una de las especies más codiciadas y garantizar, de esta manera, los recursos que necesitan para contribuir al mantenimiento de sus respectivas economías familiares.

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, órgano que distribuye las cuotas entre los países europeos, reservó un máximo 2.500 toneladas para España y ésta, en el reparto de las mismas entre las comunidades pesqueras, fijó sólo 52 toneladas para las Islas, es decir, apenas un dos por ciento. La limosna que el Gobierno del España logró al incrementar de 29 a 52 las toneladas asignadas a la flota canaria no solo supuso un fracaso en las negociaciones internacionales sino que, además, tendrá efectos secundarios: ahondará aún más en la crisis que aqueja a un sector que necesita, como siempre ha demandado, un apoyo más firme y decidido a aquellos que tienen en su mano la posibilidad de defender su derecho a no ser menos que los profesionales de otras comunidades autónomas y de otras naciones en el complicado puzle de las negociaciones que imponen los países con más intereses en este sector.

Los buques canarios reclaman alcanzar las 210 toneladas y su propuesta cuenta, incluso, con el aval de las organizaciones ecologistas que velan por el desarrollo sostenible de la captura de una especie castigada por quienes actúan sin escrúpulos en un mercado plagado de intereses comerciales a escala mundial. Los pescadores de las Islas sólo piden que Madrid entienda que Canarias no puede seguir siendo un actor secundario en un escenario en el que aspira a ser tratado como una potencia capaz se contribuir al desarrollo económico del Archipiélago.

Las voces críticas con el Gobierno del Estado se multiplican en Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, Tenerife o Gran Canaria. “Es un abuso”, dijo esta semana el patrón mayor de la cofradía de Gran Tarajal. Un abuso que el patrón de la cofradía de Agaete cree que se solucionaría si se asignase a Canarias entre el 7 y el 9% de la cuota que corresponde a España. Una reclamación justa y que, además, refleja que la codicia no forma parte del lenguaje de un sector que, con los pies en la tierra, exige exclusivamente lo mínimo que le corresponde. Ni un kilo más.

Ana Oramas es DIPUTADA DE COALICIÓN CANARIA EN EL CONGRESO