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Canarias recurre la reforma local ante el Constitucional

   
 Consejo de Gobierno,

Reunión del Consejo de Gobierno, ayer en Tenerife. / DA

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias acordó ayer interponer un recurso de inconstitucionalidad contra Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que parte de la modificación efectuada en 2011 del artículo 135 de la Carta Magna para consagrar la estabilidad presupuestaria como principio rector de las actuaciones de todas las administraciones públicas, y de su desarrollo por medio de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con la aprobación de esta ley, el Gobierno de España y las Cortes Generales han usado la reserva de competencia sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y hacienda general y deuda, para establecer controles legales sobre las administraciones locales que, en opinión del Ejecutivo regional, no resultan admisibles constitucionalmente por comprometer la autonomía local, así como por invadir competencias autonómicas, tanto en determinados sectores como en materia de régimen local, contenidos en el Estatuto de Autonomía.

Pese a los argumentos esgrimidos por la propia norma en su exposición de motivos, vinculados a la mejora de la organización, competencias y eficiencia de las administraciones locales, el Gobierno canario entiende que el objetivo real que se persigue es modificar el modelo de Estado reduciendo el papel de los ayuntamientos, “tan importantes por su cercanía a los ciudadanos y sobrecargar a las comunidades autónomas con competencias hasta ahora municipales”.

Desde la perspectiva del Gobierno canario, esta ley “propicia la privatización de servicios en beneficio de empresas y en perjuicio de la ciudadanía”. Todo ello, arguyó el portavoz, “sin tener en cuenta los límites constitucionales establecidos y que todos los niveles de la Administración pública están obligados a respetar. En consecuencia, explicó Martín Marrero, el Gobierno de canarias insta al Tribunal Constitucional a “la depuración de los preceptos que menoscaban la autonomía local, así como aquellos que invaden competencias de Canarias”.

En Madrid, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís-Equo registraron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma local.