Ignorancia o mala fe – Juan Hernández Bravo de Laguna

Se siguen oyendo y leyendo en los medios continuos disparates sobre el proyectado referéndum independentista de Cataluña, disparates que solo pueden ser producto de la ignorancia o la mala fe. Y lo peor es que estos disparates también son repetidos por los políticos, incluyendo políticos del partido gobernante. En definitiva, unos pretenden atacar al Gobierno sea como sea y otros intentan defenderse y ser fieles a las consignas de su partido, aunque algunas veces carecen de los mínimos conocimientos necesarios para hacerlo con solvencia. El domingo pasado, por ejemplo, leíamos un comentario en el que se criticaba al Ejecutivo de Madrid “por negarse a seguir los pasos de Londres, a pesar de que ambos Gobiernos pertenecen a la familia conservadora”. Y los pasos de Londres, que se proponían en el comentario como modelo, se concretaban en “celebrar un referéndum pactado por los Gobiernos británico y autonómico escocés sobre la independencia de Escocia”.

Este tipo de comentarios, que se repiten mucho, olvidan -por ignorancia o por espurio interés- el dato fundamental -y obvio- de que la Constitución británica es una y la Constitución española es otra, y ambas Constituciones son muy diferentes entre sí. La Constitución británica permite que el Gobierno de Londres pacte el referéndum escocés, mientras la Constitución española hace imposible un pacto semejante respecto a Cataluña o a cualquier otra región española. El artículo segundo de nuestra Constitución comienza diciendo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. De modo que un referéndum cuya pregunta cuestione esa indisoluble unidad y plantee su posible ruptura no es que sea inconstitucional, que lo es, es que es radicalmente anticonstitucional, porque agrede y destruye los propios fundamentos de la Constitución y del orden constitucional. El artículo segundo no dice que la Constitución regula o reconoce la unidad de España, y ni siquiera que la garantiza. Dice nada menos que la Constitución se fundamenta en la unidad de España, que califica de indisoluble, mientras afirma que la Nación española es indivisible. Y el tenor literal del artículo es imposible interpretarlo de otra manera.

El pacto constitucional que posibilitó nuestra transición a la democracia incluía, junto a la descentralización política, la absoluta garantía de la unidad del Estado. Precisamente el primer objetivo del sistema autonómico que diseñó la Constitución, que ha evolucionado hasta un federalismo material de descentralización máxima, era satisfacer las demandas de autogobierno vascas y catalanas por vías distintas a la independencia. Y los constituyentes interpretaron a la perfección este pacto constitucional y lo recogieron inequívocamente en el texto de la Constitución. Por eso los independentistas catalanes están destrozando los fundamentos del pacto y dinamitando los principios de la transición, junto con la Constitución y el orden constitucional. Y ningún Gobierno español, sea del partido que sea, puede pactar la voladura de la Constitución y del orden constitucional, bajo pena de perder su legitimidad democrática y destruir el Estado de Derecho. Y no porque sea “ilegal”, como en ocasiones afirman despistadamente Mariano Rajoy y gente de su partido, siempre en la inopia y mal asesorados, sino porque es inconstitucional y radicalmente anticonstitucional.

El problema no es la competencia estatal para convocar el referéndum ni que el Gobierno central ceda esa competencia al Gobierno catalán utilizando el mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución. Eso es lo que proclaman los independentistas catalanes y lo que ha acordado solicitar el Parlamento catalán, sabiendo todos ellos que una eventual cesión de la competencia no solucionaría nada ni modificaría la prohibición constitucional. El problema es que para celebrar un referéndum semejante sería preciso reformar la Constitución por el procedimiento agravado o directamente apelar al pueblo, convocar elecciones constituyentes y dotarnos de una nueva Constitución que permitiera lo que permite la Constitución británica. No sería inusual en España, que, después de Francia, es el país europeo que más Constituciones ha tenido. Y los independentistas catalanes -y sus amigos- serían honrados si reconocieran que lo que pretenden únicamente es posible de esta forma.

El comentario que criticamos concluye: “El Reino Unido ha demostrado que sabe conducirse con respeto a la democracia. España elude las urgencias catalanas, pero no el problema de fondo que supone encajar Cataluña”. La primera parte de la frase parece indicar que el Gobierno español no ha respetado la democracia en este asunto y evita afrontarlo. Olvida que no hay democracia posible fuera del Estado de Derecho y en contra o al margen de la Constitución y el orden constitucional, y que el Gobierno está haciendo lo único que la Constitución le permite -y le obliga- a hacer. La segunda parte olvida que la Constitución se hizo como se hizo precisamente para afrontar el problema de fondo de encajar a Cataluña y otras regiones en España. Demasiados olvidos, demasiadas ignorancias y demasiada mala fe. Y así nos va.