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La indemnización a la marina frena la emergencia en San Andrés

   
avenida de san andrés cerrada por las olas

Proteger al pueblo del mar es el objetivo del dique semisumergido. / Plataforma Frente Litoral San Andrés

N. T. | Santa Cruz de Tenerife

El Estado insiste en que la vigencia del proyecto de la marina deportiva de San Andrés impide declarar la emergencia para la construcción del dique semisumergido que proteja al pueblo costero de los embates del mar.

Ayer, la edil del PP, Ana Zurita, llevó de nuevo a pleno, por tercera vez como ella misma reconoció, una moción para instar a la Autoridad Portuaria a que solvente las trabas administrativas con esta concesión: “La emergencia no podrá elevarse al Consejo de Ministros hasta que no se resuelva de forma favorable el impacto ambiental de la marina que ahora es negativo, incluso el Cabildo ha informado desfavorablemente a este documento”, señaló la edil.

Después de un largo debate, la propia Zurita reconoció que el problema que subyace es que, al existir una concesión anterior, cualquier decisión que se tome en la zona puede devenir en unos derechos indemnizatorios para el concesionario, algo que ni Puertos del Estado ni el propio Fomento están dispuestos a asumir.

Frente a este discurso, el Ayuntamiento, en boca de Dámaso Arteaga primero, y del alcalde, José Manuel Bermúdez, después, respondieron que: “No existe ningún tipo de interferencia entre un proyecto (el dique) y otro (la marina) y tampoco hay documento alguno que así lo ratifique”. “Las actuaciones de emergencia se toman simplemente porque hay riesgo para las personas”, añadió Arteaga. Para el alcalde, “lo que tiene que hacer Puertos y Fomento es cumplir con la palabra dada y no poner excusas” así como reiteró que “no queremos ninguna marina deportiva para San Andrés”.

Esta última afirmación sirvió para que Zurita propusiera un cambio en la moción, que fue respaldado por el resto de grupos de la oposición. “Nosotros tampoco queremos una marina así que instemos a la Autoridad Portuaria a promover las actuaciones necesarias para dejar sin efecto la primera de las concesiones administrativas e instemos a Fomento a que apruebe la emergencia en cuanto se cumpla este primer punto”, propuso Zurita.

Después de unos momentos de duda, finalmente el grupo de gobierno votó en contra alegando que “no se pueden mezclar los dos proyectos porque no tienen nada que ver”.