Un informe contempla que Aqualia debe pagar los depósitos de agua

La caída del techo del depósito de Aqualia ubicado en La Vera tuvo lugar el 25 de abril de 2012. / DA

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Un informe jurídico contempla legalmente que la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua potable, es responsable de costear la renovación parcial del depósito de La Vera y la instalación de los filtros en el depósito de Mar Dulce, de acuerdo con la interpretación que rige el contrato de concesión del servicio.

El Gobierno local en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (CC-PP) encargó el documento el 7 de marzo, 22 meses después que se produjera la caída de la tapa en la instalación de La Vera, donde comenzó todo el problema del suministro.

El informe fue conocido y aceptado por la última Junta de Gobierno local, celebrada el 10 de marzo, que aceptó el informe realizado por el técnico municipal, se lo trasladó a Aqualia y le concedió un plazo de 10 días hábiles a la empresa para que formule las alegaciones oportunas.

El documento establece que al tratarse de un servicio esencial que afecta a la sanidad pública, el concesionario del servicio debe adoptar “de forma inmediata” las medidas necesarias para su correcta prestación, “sin que sea admisible la justificación en la demora en su implementación bajo el argumento de que el Ayuntamiento debe asegurar primero la completa financiación de las medidas a adoptar”. Y añade que el incumplimiento de este “deber esencial” de la correcta prestación del servicio, “es causa de extinción del contrato prevista en la cláusula XXIX del pliego que rige la concesión”.

El Gobierno local aseguró en los dos últimos plenos que se había enviado un informe al Consejo Consultivo de Canarias para que este organismo determine a quién le corresponde sufragar los costes de las infraestructuras en cuestión, y cuyo dictamen esperan para decidir qué se le puede exigir a Aqualia. Sin embargo, el informe señala que el pliego recoge que “el contrato dimanante del concurso es esencialmente administrativo y sus términos serán interpretados por la corporación municipal, la cual, asimismo, resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento”. De este modo, deberá ser la Junta de Gobierno Local el órgano competente para realizar tal interpretación por haber sido quien también la adjudicó”.

En el documento, avalado por el secretario municipal, también se cuestiona si las obras previstas en el proyecto técnico como solución a los problemas de turbidez del agua deben calificarse como obras de mejora, “tal y como pretende Aqualia”. En este sentido, la interpretación que resulta de la cláusula VIII del pliego que regula la financiación de todos los proyectos y obras e instalaciones complementarias, se entiende que “no puede considerarse como tal aquello que resulta imprescindible y conditio sine qua non para asegurar la prestación del servicio”. Asimismo, añade que el caso “no es una mejora que venga a aportar un valor añadido al servicio sino de unos elementos indispensables para su prestación”.

Fuentes de CC-PP aseguran que el informe esclarece aún más la situación y se añadirá al expediente que el Ayuntamiento tiene abierto con Aqualia. Sin embargo, para la oposición solo demuestra que el Gobierno local “una vez más no ha hecho sus deberes”y ha “engañado” a los portuenses dado que el documento se debería haber pedido desde el primer día tras la caída del techo del depósito de La Vera.