X
Polígono Industrial Valle de Güímar >

“Los ayuntamientos han recibido mucho y no nos han dado nada”

   

NORBERTO CHIJEB | Santa Cruz de Tenerife

“Los ayuntamientos han recibido mucho y no han dado nada”, así se contundente se mostró Raquel Malo, presidenta de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar, en referencia a la intención de los consistorios de Candelaria y Arafo -Güimar se ha desmarcado- de exigirles a los empresarios el pago del mantenimiento del polígono, como se recoge en los estatutos que el grupo de gobierno de Candelaria llevó al pleno hace unas semanas. Es más, según afirmó Raquel Malo, “el Ayuntamiento de Candelaria habla de un módico euro al mes por metro cuadrado para hacer frente a ese pago, lo que representaría 10.000 euros al mes para alguna de las empresas que tienen grandes naves”, subrayó la presidenta de la asociación, que por otra parte expresó la necesidad de que el Cabildo de Tenerife medie en el conflicto para “que Candelaria y Arafo entren en razones” y evitar así, según ella y sus compañeros de junta directiva, “la destrucción de puestos de trabajo y de empresas que cerrarían o emigrarían a otros polígonos más baratos”.

Los empresarios anunciaron que asumir los 800.000 euros anuales que cuesta el mantenimiento de este espacio público, que depende de los Ayuntamientos de Arafo, Candelaria y Güímar, pone en peligro la viabilidad de sus 220 empresas y de los 2.500 puestos de trabajo que generan. En sus reivindicaciones cuentan con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife que ha solicitado la mediación del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para resolver el conflicto que afronta el polígono industrial más importante de la Isla.

La presidenta de la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono Industrial Valle de Güímar, Raquel Malo Serisa, hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que contó con las intervenciones del director general de la Cámara de Comercio, Vicente Dorta; el vicepresidente de la asociación, Ramón Villalba, el representante de JSP, Benicio Alonso y el presidente de la Federación de la Alimentación y Productos de Consumo de Canarias (Facca), Francisco Gómez.

El conflicto con los ayuntamientos de Arafo y Candelaria parte del desacuerdo en el modelo de financiación de los gastos de mantenimiento que genera este polígono. Mientras la corporación municipal de Güímar es sensible a las demandas de los empresarios, las otras dos entidades locales pretenden “que sean éstos los que corran exclusivamente con los gastos de mantenimiento de un polígono abierto y público, del que se benefician todos los ciudadanos”, según explicó Malo Serisa.

Hay que recordar que el Polígono Industrial de Güímar se gestó hace 40 años y se enmarca en los términos municipales de Arafo, Güímar y Candelaria. En su interior, alberga dos núcleos residenciales, El Socorro y La Viuda, y linda con la Reserva Natural Especial de Malpaís de Güímar y el Bien de Interés Cultural del Camino de El Socorro. Además, su vía principal da acceso directo a Candelaria.

Ante este carácter público y abierto, Benicio Alonso calificó de una “gran injusticia” las pretensiones de los alcaldes de Candelaria y Arafo y denuncian que llevan 40 años pagando impuestos municipales sin recibir ningún servicio a cambio.

En este sentido, la presidenta de la Asociación hizo referencia al polígono industrial de Arinaga, ubicado en la isla de Gran Canaria, donde es el Ayuntamiento de Agüimes quien asume una gran parte del coste del mantenimiento de la urbanización y además tiene los impuestos municipales más bajos de Canarias.

Tal y como explicó el presidente de Facca “nosotros no nos negamos a participar en los gastos de mantenimiento y siempre hemos manifestado nuestra voluntad de colaboración hasta que llegamos a la situación actual, en la que, pese a las reiteradas reuniones y propuestas realizadas desde esta asociación, se han frustrado nuestras expectativas, que han caído en saco roto y sólo han encontrado la comprensión del ayuntamiento de Güímar”.

Por su parte, el director general de la Cámara expresó el rotundo apoyo de esta institución al posicionamiento de los empresarios de Güímar. El primer paso que ha dado la Cámara es solicitar una reunión con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para que medie en este conflicto con los alcaldes de Arafo y Candelaria. Asimismo, Dorta Antequera se comprometió a “estar al lado de todas las empresas y sus trabajadores en cualquier iniciativa o movilización que planteen, puesto que no se puede seguir acosando al tejido productivo con más impuestos que son injustos y desproporcionados”.

Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar

Los empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar. / DA

PROPUESTAS PARA HACER VIABLE

A fin de hacer viable el futuro del Polígono, los empresarios propusieron a las corporaciones locales que cada ayuntamiento asumiera el 25% de los costes de mantenimiento y los empresarios el otro 25%, sin obtener respuesta al respecto, excepto en el caso de Güímar que sí ve viable esa posibilidad.

Otra opción propuesta fue la cesión de la gestión del pozo Chiguenge, que abastece las necesidades del Polígono, lo que permitiría seguir manteniendo el precio del agua industrial, algo que es esencial para la actividad industrial de muchas empresas, y que compensaría así parte de los gastos de mantenimiento. Esta propuesta cuenta a día de hoy con el visto bueno del Ayuntamiento de Güímar, pero ha sido rechazada por los de Arafo y Candelaria.

CONSECUENCIAS NEFASTAS

Los empresarios advierten que no están dispuestos a asumir un coste económico que no les corresponde y que las pretensiones de las corporaciones de Candelaria y Arafo generarían graves consecuencias económicas.

Tal y como detalló la presidenta de la asociación “el polígono de Güímar se convertiría el más caro de Canarias, afectando seriamente a la competitividad de las empresas aquí ubicadas, provocando la migración de algunas y el cierre de otras, y cualquier posibilidad de inversión se desviaría a otros polígonos”

Asimismo, considera que esto supondría “un agravio comparativo para las empresas de este polígono, que ya pagamos nuestros impuestos municipales, que además son de los más altos, frente al resto de zonas industriales y comerciales”.

Ante el estancamiento de las negociaciones, los empresarios se han dirigido a la Cámara de Comercio para solicitar su respaldo y mediación en este conflicto. En este sentido, el presidente de la Cámara ha solicitado la mediación del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, para que convoque una reunión con carácter urgente con los alcaldes de los municipios afectados y la junta directiva de la citada asociación.

Los empresarios han manifestado que están dispuestos a movilizar incluso a sus plantillas en defensa del empleo y de la viabilidad de sus empresas. “Si no llegamos a un acuerdo, los alcaldes de Arafo y Candelaria tendrán a toda nuestra gente protestando en la calle”, manifestó la presidenta de la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Güímar.

Más de 40 años de historia, um millón de metros cuadrados y 8 millones de euros para rehablitarlo

La entidad promotora de esta urbanización es la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial Valle de Güímar, que la conforman el Cabildo de Tenerife, SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo estatal) y la Caja General de Ahorros de Canarias, actualmente La Caixa, sobre un terreno que alcanza el millón de metros cuadrados.

En febrero de 2010, tras años de negociación, se firmó entre los tres Ayuntamientos de Arafo, Güímar y Candelaria y la Asociación Mixta de Compensación el Convenio urbanístico de colaboración que tenía por objeto coadyuvar en la ejecución del proyecto de Rehabilitación y Remate de las Obras de Urbanización de este polígono y la posterior entrega y recepción de esta urbanización industrial.

Con la firma de este convenio, la Asociación Mixta se comprometía a ejecutar la totalidad de las obras de rehabilitación y, por tanto, asumir su coste económico, que, una vez finalizada la obra, se cifra en más de 8 millones de euros. En el momento de la suscripción, los Ayuntamientos recibieron el importe de 950.000 euros cada uno de ellos. Además al terminar las obras, se entregó a las tres administraciones, por partes iguales e indivisas, las manzanas G, L y J ( 20.000 m2) destinadas a uso deportivo, tres naves (una para cada Ayuntamiento), el local cívico-comercial (actual salón de actos) y el pozo Chiguengue (que abastece de agua a este polígono).

Por su parte, los ayuntamientos se obligaban a otorgar la licencia municipal de obra, a recepcionar definitivamente el polígono y a constituir, con anterioridad a la fecha de recepción definitiva, una entidad de derecho público o entidad de conservación que permita la óptima gestión y mantenimiento de polígono.

La figura de la entidad urbanística de conservación viene recogida en la Modificación del Plan Parcial de 2001, que la prevé como mejor forma de mantenimiento de la urbanización. La Asociación de Propietarios y Empresarios se creó en el año 98 y desde hace años han mantenido numerosas reuniones con los responsables municipales para tratar de consensuar el modelo de conservación y mantenimiento del polígono, partiendo de esa previsión del Plan Parcial, y en aras de determinar el modelo de financiación de los gastos de mantenimiento y la participación municipal en esos gastos.

Situación actual

Hasta el pasado 23 de octubre, la Asociación Mixta de Compensación ha asumido el coste íntegro de los gastos de mantenimiento, sin que las administraciones locales implicadas hayan contribuido a ello, pese a que las empresas sí han abonado las correspondientes tasas e impuestos municipales, que además son de los más altos de España. La Asociación ha trasladado a los Ayuntamientos sus propuestas para incorporar al texto de los estatutos. Sin embargo, “el pasado 27 de febrero y para nuestra sorpresa, el Ayuntamiento de Candelaria en Pleno aprobó el documento sin tener en consideración nuestras alegaciones y, por lo tanto, dejando a cargo de los propietarios la responsabilidad del mantenimiento y la conservación del polígono, a pesar de que las administraciones locales también sean responsables”, apostilló Malo Serisa.

Carmen Luisa Castro

Carmen Luisa Castro, alcaldesa de Güímar. / SERGIO MÉNDEZ

REACCIONES

Carmen Luisa Castro
Alcaldesa de Güímar

“El pozo sirve para financiar el coste del mantenimiento”

“Desde el primer momento he estado a favor de los empresarios y así se lo manifesté por escrito. No puedo estar atrayendo inversión y luego cobrarles más tasas. Ellos ya pagan el IBI y los ayuntamientos hasta ahora no hemos puesto un duro en el Polígono. Como se dijo el día de la recepción, y todos estuvimos de acuerdo, el pozo de Chinguenge financiará el coste de mantenimiento. No entiendo que sin consenso, Candelaria llevara al pleno los estatutos del ente de conservación”.

José Gumersindo García, alcalde de  la Villa de Candelaria

José Gumersindo García. | F. P.

José Gumersindo García
Alcalde de Candelaria

“Las empresas deben hacerse cargo de las vías y jardines”

El alcalde de Candelaria tiene previsto dar su opinión, junto a su homónimo de Arafo, mañana en rueda de prensa. Sin embargo, ayer por la mañana, en Radio Club, Gumersindo García manifestó que “los empresarios deben hacerse cargo del mantenimiento (en concreto, vías y jardines), como se recoge en la legislación”. “Los ayuntamientos nos haremos cargo del alumbrado, el saneamiento y la seguridad”, remarcó.