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Meditaciones africanas – Por Francisco Pomares

   

El diputado vate, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha vuelto a liarla, esta vez con su propio partido. Don Miguel, que fue inspector fiscal antes de ser abogado especializado en asuntos fiscales, ha dicho que alentar que se dedique un cuarenta por ciento de la RIC a inversiones en África es un despropósito, entre otras cosas porque esa inversión podrá ser difícilmente controlada fiscalmente, y alentará el fraude. Pérez-Camacho sabe de lo que habla: todavía hoy, los controles fiscales a la inversión en la mayoría de los países africanos pueden ser una milonga. No se trata de una visión eurocentrista, es un hecho. La totalidad de los países de las zona del Magreb, el Sahel y el Golfo de Guinea funcionan hoy en materia fiscal e impositiva con mecanismos de control similares a los que existían en la España de los primeros años cincuenta. Se financian básicamente con impuestos primarios al consumo y la producción y con tasas, y sus sistemas de control de inversiones son poco solventes y muy permeables a la corrupción. Conseguir hoy un certificado en la mayoría de los países africanos sigue siendo bastante fácil si hay dinero de por medio. Por eso, alentar que un cuarenta por ciento de los recursos RIC puedan ser dedicados a invertir en África es alentar la fuga de capitales hacia la desinversión. Una suerte de licencia para el fraude fiscal. Y no lo digo sólo yo. Es lo que ha dicho Pérez-Camacho. No es, desde luego, el único motivo por el que dedicar la RIC a invertir en África puede ser considerado hoy un disparate. La RIC es una exención fiscal a la inversión en Canarias. Cuando -con crecimientos económicos del cuatro y medio por ciento- la moratoria y las directrices colapsaron la inversión en Canarias, la propuesta de invertir RIC en África -siendo técnicamente muy discutible- podía ser justificable. Pero no estamos hablando de una situación económica completamente distinta. Estamos hablando de una situación definida por siete años de recesión económica, decenas de miles de empleos destruidos, una grave crisis del crédito y una caída en picado de la actividad inversora en las Islas. Es significativo que los gobiernos radicalicen su discurso contra el movimiento de personas, alegando que primero los de aquí, y luego no apliquen el mismo criterio a los capitales, a los que se quiere dar cada vez más libertad para ir de un lado a otro. En el momento que hoy vivimos, en estas concretas circunstancias, utilizar un mecanismo de política económica, como es la RIC, para que los beneficios que se generan en las Islas se inviertan fuera, se me antoja directamente inmoral.