Monarquía y república – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

El pasado domingo la revista Interviú, que ese día se distribuye conjuntamente con este periódico, publicaba una información exclusiva de la mayor importancia. Publicaba un documento confidencial de cinco folios sin rúbrica ni sello oficial, pero cuyas trazas informáticas o huellas digitales indican, más allá de toda duda razonable, que procede de la Fiscalía Anticorrupción de Palma de Mallorca, es decir, que procede del fiscal Pedro Horrach, encargado de llamado caso Nóos. Y la importancia -transcendencia- del documento radica en que, a lo largo de nueve puntos, contiene el diseño de una estrategia conjunta del Ministerio Público y la defensa de la infanta Cristina para lograr su completa exoneración procesal. Una estrategia insólita en la que la Fiscalía hace causa común con la defensa de la infanta en contra del juez Castro, considerado el enemigo a batir; y que ha sido seguida escrupulosamente por todas las partes implicadas -Casa Real incluida- en las últimas semanas, desde la fecha de elaboración del documento. Un seguimiento escrupuloso que contribuye a corroborar -probar- la presunta autoría de los cinco folios.

El documento confidencial que publica Interviú confirma el convencimiento mayoritario de la opinión pública española sobre la existencia de una más que evidente confabulación de los poderes públicos para ganar lo que el propio documento considera una guerra. Una confabulación de la Casa Real, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado, el Fiscal General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, que reciben instrucciones del Gobierno, para derrotar a un íntegro y modesto juez de provincias, como se decía antes, empeñado en hacer su trabajo -hacer justicia- en contra de los poderes constituidos.

Porque hemos de reconocer que el juez Castro representa y defiende la división de poderes del Estado de Derecho, la auténtica independencia judicial, y que lo hace con una inmensa dignidad y una inquebrantable firmeza, en unas condiciones extremas que no todos los jueces resistirían: una sórdida realidad de presiones intolerables e intentos de doblegar su voluntad y su criterio. Se trata, en definitiva, de una grave interferencia -una más- del poder político sobre el judicial, tan habitual en España, en donde abundan más de lo deseable los jueces sectarios y politizados, voces de su amo de los partidos. El culmen de esta interferencia la protagonizó el presidente del Gobierno al defender en televisión la inocencia de la Infanta. El jefe del Ejecutivo se permitió afirmar en una entrevista televisada que se encuentra “absolutamente convencido de la inocencia de la infanta” y que cree que “las cosas le irán bien”. Presionar al juez se llama eso.

Y luego está el asunto del DNI de la infanta. A pesar de las explicaciones de Cristóbal Montoro, de la dimisión forzada de Beatriz Viana, hasta hace poco directora de la Agencia Tributaria, y antigua y estrecha colaboradora del ministro, y de que la cúpula directiva de la Agencia haya sido laminada, las principales preguntas del increíble caso del DNI de la Infanta y las compraventas de 13 inmuebles y fincas rústicas siguen sin ser contestadas. ¿Cómo es posible que el número de DNI de la Infanta -tan característico- apareciera por error en 13 transmisiones patrimoniales de inmuebles distintos, en provincias y con notarios diferentes, sin relación alguna unos con otros? ¿Y que apareciera justamente el número de la infanta y no cualquier otro parecido o correlativo de algún miembro de su familia? ¿Y por qué una información de este calado, más de un millón de euros de ingresos aflorados por la supuesta venta de unas fincas en 2005 y 2006, y no recogidos en la declaración de la renta de la infanta, había dormido hasta ahora en la Agencia Tributaria? “Otra cosa será que alguien haya estado, hemos leído en algún comentario.

Las medidas que se han tomado en estos últimos meses al servicio de la estrategia pública de salvación de la Infanta son innumerables. Las más recientes han consistido en la sustitución de la abogada acusadora del Gobierno autonómico balear, la batalladora Mari Ángeles Berrocal, por Antonia Perelló, una militante del PP; y el nombramiento para la dirección de la Agencia Tributaria de Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias.

Estos feos asuntos han puesto de manifiesto el fracaso de una estrategia procesal que, pretendiendo blindar la imagen de la monarquía y defender a la Institución, la han comprometido gravemente y han involucrado incluso a personas como la reina, abucheada en sus últimas apariciones públicas. Es obvio que los episodios de Botsuana, Corinna, Urdangarin y la infanta han deteriorado en grado sumo a la Familia Real y la Corona. Sin embargo, ¿estamos en un escenario como el que dio lugar a Delenda est monarchia (La monarquía debe ser destruida), el famoso artículo que Ortega y Gasset publicó el 15 de noviembre de 1930 en el periódico El Sol, parafraseando el Carthago delenda est de Catón el Viejo? El debate se ha abierto, y no precisamente por culpa de los republicanos. Y no sería nada bueno que este debate se cerrara en falso.