X
tribuna > Santiago Pérez

Oramas y el sistema electoral – Por Santiago Pérez

   

El Boletín Oficial del Congreso de Diputados publicó el 7 de julio de 2007 la Enmienda nº 132, firmada por Ana Oramas y Eduardo Zaplana (PP), cuyo objeto y justificación era mantener en su totalidad el sistema electoral vigente al Parlamento de Canarias. Coalición Canaria pretendía, con esta enmienda a la Reforma del Estatuto de Autonomía propuesta por el Parlamento de Canarias, dejar sin efecto la tímida reforma electoral pactada aquí por quienes apoyamos la Reforma del Estatuto, intentando aprovechar un escenario favorable -para mejorar nuestro marco de autogobierno- que hoy no existe y que tardará mucho en repetirse.

La reforma electoral de mínimos que habíamos convenido -que es la que ahora CC y PSOE tratan de convertir en el máximo de la reforma que han anunciado- tenía muy poco alcance; pero iba a servir para que el debate estuviera abierto desde aquí y pudiera aprovecharse, durante la tramitación del nuevo Estatuto en las Cortes, para acometer una auténtica reforma de un sistema electoral antidemocrático, que es la piedra angular de un “régimen” político hegemonizado por Coalición Canaria y por su forma de entender la realidad y la política de nuestra tierra. Las barreras electorales establecidas en 1982, y endurecidas en las Cortes Generales durante la reforma estatutaria de 1996, no tienen parangón en el constitucionalismo de los países democráticos. Juegan un papel muy similar, aunque de apariencia más sutil, que el del sufragio censitario en los sistemas políticos del siglo XX. Es verdad que no suprimen el sufragio universal, pero desalientan la participación electoral, la presentación de más candidaturas y estimulan artificialmente el voto útil a favor de los grandes partidos beneficiarios del sistema.

Y sobre todo, aunque no determinan la composición global del Parlamento de Canarias, sí resultan decisivas para la determinación de la mayoría legislatura tras legislatura. Y, en un sistema parlamentario, la mayoría no sólo vota las Leyes, sino que inviste y respalda el Gobierno -que es quien dirige la vida institucional del Archipiélago- y la composición de la Mesa del Parlamento que, actuando a las órdenes del Gobierno, devalúa la función de control por parte de la oposición y obstruye sus iniciativas políticas.

Coalición Canaria es absolutamente consciente de que, para sus intereses, el sistema electoral es la verdadera Constitución de nuestra Autonomía, más importante que el Estatuto. Por eso no dudaron en ningún momento en aliarse con quien sea para echar abajo cualquier intento de reforma, por tímido que fuera. En 2007 presentaron la Enmienda 132 (la enmienda Oramas) con el PP, partido que no había apoyado en Canarias la propuesta de Reforma del Estatuto y que rechazó su toma en consideración en el Congreso tildándola de nacional-socialista, en un inefable discurso de Mercedes Roldós.

Ni dudaron en retirar la Reforma del Estatuto en 2008, poniendo pies en polvorosa y sin que se diera el supuesto habilitante previsto en el propio Estatuto (la introducción por las Cortes Generales de modificaciones sustanciales a la propuesta del Parlamento de Canarias, sin el consenso de éste), para no correr el riesgo de que una mayoría progresista como la que resultó de las elecciones generales de 2008 pudiera democratizar en serio el sistema electoral, aprovechando su tramitación en el Congreso y en el Senado. Justo lo contrario de lo que hicieron CC y PP en 1996: degradarlo aún más, endureciendo las barreras electorales.

Con ser importantísima la justificación democrática de la reforma electoral, su trascendencia no acaba en el plano de los valores esenciales del sistema político fundado por la Constitución de 1978: democracia y pluralismo político. Un régimen cuyos gobernantes se saben blindados en el poder, porque la alternancia real es prácticamente imposible, se convierte en un régimen irresponsable ante la ciudadanía. A partir de esa realidad, que durante más de 25 años es la de nuestras Instituciones autonómicas, que han visto la sucesión de gobiernos hegemonizados por Coalición Canaria gracias al sistema electoral, se han dilapidado muchas de las oportunidades que nos brindaron la larga etapa de bonanza económica y presupuestaria y los cuantiosos flujos financieros provenientes de Europa.

Y así nos ha sorprendido la crisis con una economía frágil y poco competitiva, graves cifras de desempleo y pobreza, unas Instituciones desacreditadas y, como corolario, una falta de proyecto de futuro para las Islas, compartido por la mayoría de los canarios y capaz de movilizar las mejores energías colectivas. Pero nadie responde de esto. De nuevo los mismos tics: incomprensión del Estado, victimismo y la interminable huida hacia adelante.

Por eso, cuando CC anuncia que se niega a hacer lo que se puede hacer aquí: mejorar notablemente el sistema electoral, y propone supeditar la reforma electoral a una reforma del Estatuto políticamente inviable, nos falta de nuevo el respeto a los canarios. Con un descaro marca de la casa.

Y cuando algunos dirigentes socialistas se pliegan a esa estrategia chusquera y anuncian su rechazo a una reforma electoral idéntica a la que promovimos en la legislatura pasada, lo que demuestran es hasta dónde llega su dignidad y qué precio de renuncias estaban y están dispuestos a pagar por “tocar gobierno”.

Ana Oramas ha dicho recientemente, aunque sean actualmente socios de un PSC-PSOE demediado, que CC tiene con el PP grandes discrepancias pero coinciden en asuntos fundamentales. Seguro que estaba pensando, entre otras cosas, en la Enmienda 132. De la que aquí casi nadie se enteró.