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Ortiz destaca que el comité de sabios olvida cuál es “el fin último” del sistema tributario

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Cristóbal Montoro tiene en sus manos una bomba que amenaza con dinamitar el entramado fiscal español. “El informe parte de algunos errores”, manifestó ayer Javier González Ortiz en referencia al trabajo del comité de expertos que preside Manuel Lagares. “Olvida cuál es el fin último del sistema tributario”, resumió el consejero de Economía y Hacienda en una comparecencia ante los informadores en la capital grancanaria.

“No debería estar planteado solo en términos de generación de recursos para la prestación de servicios públicos esenciales”, arguyó Ortiz. “También habría que considerar los efectos retributivos. Si no es así, perdemos de vista el elemento sustancial”. Aunque reconoció que algunas de las propuestas sobre la reforma tributaria son “conceptualmente buenas” y que los técnicos han realizado un “análisis serio”, el consejo puso el acento en la progresividad: “Si primamos los impuestos al consumo, que gravan a todas las personas por igual independientemente de su capacidad de consumo, estamos siendo injustos. Si el esfuerzo fiscal se liga al poder adquisitivo, estaremos adoptando decisiones políticas que benefician especialmente a las rentas más altas”.

La propensión al consumo “va disminuyendo a medida que se incrementa la renta”, explicó Javier González Ortiz. “La parte que destinamos al consumo va siendo menor conforme las rentas van subiendo”, destacó.

Estas declaraciones llegaban días después de que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas recibiera más de 270 propuestas y 125 modificaciones aglutinadas en 444 páginas. Ese paquete explosivo contiene la recomendación de suprimir impuestos autonómicos con el objetivo de reventar las barreras del mercado interior.

Los sabios (o sabiondos, según la intencionalidad de quien hable) constatan que las comunidades ejercen “un amplio conjunto de facultades en materia de gasto público, por lo que surge la necesidad de la financiación de tales gastos”. El estudio responsabiliza a las regiones del 30% del gasto público global realizado en España en el año 2012, “un porcentaje mayor que la Administración general si se excluye la Seguridad Social”.

Junto a las “elevadas competencias en materia de gasto público”, se lee en el capítulo noveno, las comunidades disponen de “abundantes normativas en la definición de los impuestos, que se concretan en la posibilidad de establecer tributos propios y en la cesión, completa o parcial de impuestos sobre los que en algunos casos se concede capacidad legislativa”. Tal como subrayan los expertos, esta última vía de financiación “ha ido ganando peso” en los sucesivos modelos de financiación aprobados desde que existe el denominado Estado de las autonomías.

Desde esa perspectiva, sugieren que las administraciones autonómicas o locales se concentren en aquellos impuestos en los que, por ejemplo, haya una vinculación directa con el gasto que financia y en los que se establezcan sobre “bases o activos relativamente inmóviles”, con el fin de eludir la competencia fiscal y la pérdida de ingresos.

Por la misma razón, estas administraciones evitarían “distorsiones en el comercio entre regiones o en el ámbito internacional, deslocalización de la actividad económica o exportación fiscal”.

En este recorrido, cabalga el temor de que la pretendida armonización tributaria sea en realidad un caballo de Troya.