X
tribuna>

El problema del agua en Puerto de la Cruz – Por Guillermo Pérez Pastor*

   

El agua es fuente de vida pero, sobre todo, es un factor de cohesión social que define las civilizaciones. La habitabilidad de las viviendas implica tener garantizada la salubridad y la higiene de los moradores mediante un suministro de agua potable a través de la red municipal bajo control sanitario. Por tanto, se trata de un servicio básico e indeclinable a cuya prestación, de forma regular y en condiciones de calidad, está obligado el Ayuntamiento dentro de las atribuciones propias que le confiere la legislación básica de las corporaciones locales. Sin embargo, el incumplimiento de este precepto mantiene a casi la mitad de la población portuense privada de un servicio esencial que afecta a la sanidad pública por incumplimiento de los parámetros de calidad del agua, y que se viene produciendo de manera reiterada en Puerto de la Cruz desde finales de 2012.
Transcurridos dos años desde el comienzo de las incidencias, los 14.000 vecinos siguen afectados por la cuarta restricción decretada por la Dirección General de Sanidad Pública sin que se haya adoptado la solución al problema. Y esto es así porque el Ayuntamiento, con su alcalde al frente, no ha hecho efectivas las atribuciones que le otorga el pliego que rige la concesión mientras el concesionario desoye sus tibios requerimientos y hasta declina sus obligaciones en tono amenazante hacia la institución.
Hablamos de unos filtros cuyo coste asciende a 480.000 euros y cuya instalación ha sido exigida por la Dirección General de Sanidad Pública desde el mes de octubre pasado mientras el Ayuntamiento y la empresa Aqualia, concesionaria del servicio, discrepan respecto a quién debe asumir esa inversión. También discrepan sobre la financiación de la obra para reparar el depósito de La Vera, clausurado desde abril de 2012. El no exigir hasta ahora el cumplimiento del pliego es una muestra de debilidad que ha sido aprovechada por la concesionaria para dilatar la solución al problema.
Ante este panorama no es ocioso recordar que la auditoría sobre la gestión del servicio fue aprobada hace un año por el Pleno y aún no se ha contratado. En este tiempo no se han definido ni el ámbito ni el alcance que un encargo como este requiere para pasar a la fase de petición de ofertas. La solución a la turbidez del agua requiere adoptar medidas urgentes que den solución al problema actual como la instalación de los filtros, aunque por sí solos no resolverán otras carencias del sistema hasta tanto se hayan dado pasos imprescindibles como la realización de una auditoría del servicio y el inventario de los elementos de la red, para que en una fase posterior se pueda actualizar el Sistema de Abastecimiento Municipal mediante lo que se denomina Plan Director.
Pero esto requiere de tiempo para su materialización y nos sitúa en el medio plazo con lo que nos situamos en el periodo frío o de desinversión por parte del concesionario debido a la proximidad del vencimiento del contrato. Si aspiramos a que estas actuaciones sean una realidad debemos actuar con la máxima diligencia, aprovechando las fortalezas del pliego a favor del Ayuntamiento y asumiendo de una vez la opción de control administrativo previsto en el mismo.
Así, se delimitan en el pliego algunas obligaciones y responsabilidades que son claves para resolver la situación. En la fase de gestión y explotación de los servicios, el concesionario tiene el deber de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos de la red que integran el sistema de abastecimiento para garantizar la prestación de manera ininterrumpida. Por otra parte, reconoce la potestad del Ayuntamiento de encargar una auditoría anual a cargo de la concesionaria, como mecanismo de control administrativo de la marcha del contrato que no ha sido utilizada hasta ahora. Sin embargo, la empresa tiene claramente definida su estrategia a través de dilatar en el tiempo la adopción de las medidas porque sabe que sus inversiones son siempre de retorno lento, planificado a lo largo de todo el periodo concesional, y en este momento pretende forzarnos, debido a la urgencia, a la apertura de una nueva negociación tendente a la renovación de la concesión. Ante esta situación cabe preguntarnos: ¿interesa al Ayuntamiento embarcarse otros 30 años en nuevo contrato con quien no ha ofrecido ni una sola aportación? ¿Podemos confiar esta labor a una empresa privada que antepone su interés ante la obligación de prestar un servicio básico de calidad a un precio razonable?
La respuesta es no. Debemos pensar en todo ello no sólo como en el problema del momento. Hemos de ir más allá y aprovechar la etapa de negociación que se avecina para definir nuestro modelo y racionalizar de cara al futuro el servicio bajo las premisas de eficiencia y de calidad que necesita la ciudad, mediante la aplicación de la mejor tecnología disponible.

*PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE PUERTO DE LA CRUZ