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La sentencia – Por Francisco Pomares

   

Pocas veces siente uno el deseo de aplaudir un pronunciamiento público y hacerlo además sin reservas: tendemos a ser muy críticos con las instancias políticas e institucionales, sobre todo con aquellas que no intervienen directamente en la solución directa de nuestros problemas, y el Tribunal Constitucional -por cuestiones en general ajenas a sus decisiones- ha sufrido en los últimos años similar desgaste que otras instancias del país.

Sin embargo, la reciente sentencia del Constitucional sobre la resolución del Parlament catalán que aprobó la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña demuestra la enorme utilidad e interés de un Tribunal que interpreta las leyes y asume con serenidad un papel arbitral en los conflictos políticos e interinstitucionales. La sentencia sobre la declaración de soberanía merece una reflexión no sólo sobre la interpretación que establece, sino también sobre el extraordinario valor de la Constitución del 78, sobre su capacidad para regular incluso las situaciones más difíciles y darles una salida. La sentencia es un documento de enorme alcance y trascendencia, uno de los mejores pronunciamientos del Constitucional desde su creación: establece claramente que el “derecho a decidir” que reclama el Parlamento de Cataluña es una aspiración política legítima y alcanzable, pero sólo si se plantea desde un procedimiento que cumpla con la legalidad. Cataluña no puede ampararse en un supuesto derecho a la autodeterminación -entendido este como capacidad autónoma para la secesión- que no contemplan ni la Constitución Española ni ninguna de las constituciones de los países más democráticos del mundo. Pero el Constitucional no cuestiona la legitimidad de las instituciones de Cataluña a plantear el “derecho a decidir”: pueden hacerlo, pero no desde la apropiación de una soberanía que radica en el conjunto del pueblo español, no en el de Cataluña de manera exclusiva, y siempre planteando el ejercicio de ese derecho desde la legalidad. La sentencia señala el camino para desatascar el conflicto y abrirlo al diálogo: una iniciativa de reforma de la Constitución Española, que el Parlament tiene atribuciones para plantear, y que tendría que ser tramitada en el Congreso.

La iniciativa está ahora en manos de la Generalitat: situarse fuera de la legalidad es situarse fuera de la democracia. A juzgar por sus primeras reacciones ante la sentencia, CiU, Esquerra, ICV y la CUP no parecen amedrentados ante esa posibilidad. Pero el tiempo comienza a jugar en su contra.