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El Tribunal Constitucional analiza el atajo canario en la ordenación de la costa

   

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

La ordenación del litoral español se baña en la controversia. Primero con la ley impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez (PSOE) y después con la normativa aprobada el año pasado a iniciativa del PP, la acotación del espacio público de la costa se ha visto salpicada por las mareas políticas.

Lo último ha sido la admisión a trámite por parte del alto tribunal de una cuestión de inconstitucionalidad que elevó la Audiencia Nacional sobre la disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales, aprobado en mayo del año 2000, en relación a la declaración y regulación de áreas urbanas. Lo que ha llegado hasta la orilla del Constitucional es un mensaje de invasión de competencias.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la providencia, fechada el 25 de febrero, por la que se notifica la inclusión de esta discusión en la agenda del máximo órgano de control e interpretación de la Carta Magna.

La acción articulada por CC y el PP flexibilizaba la reglamentación nacional para salvar de las palas mecánicas determinados núcleos que habían sido sacudidos por aquella ley, ya modificada. Entre otros aspectos, se otorgaba cierta manga ancha a los ayuntamientos en torno al dominio público marítimo-terrestre.