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¿Adiós a los convenios? – Por Francisco Pomares

   

La ministra Pastor ha acusado al Gobierno de Canarias de no justificar los dineros recibidos por el Plan de Vivienda, insinuando además que el dinero que no se ha justificado no se habría gastado porque el Gobierno no dispone de fondos para aportar su parte de recursos al Plan, o que podría haber sido desviado para dedicarlo a otros menesteres, algo que sería un delito administrativo. Inés Rojas ha replicado rápidamente, recordando que Canarias tiene todo justificado desde 2005 hasta febrero de 2014, y recordando que no hace tanto la ministra hablaba de 90 millones sin justificar, que pasaron a ser 70 el mes pasado y 50 ahora. Al final, la historia de las acusaciones de la señora Pastor y la airada réplica de la señora Rojas supondrían sólo un nuevo episodio del conflicto entre Madrid y Canarias que parece no acabar de reconducirse a pesar de los encuentros entre Rivero y Rajoy, si no ocurriera que hay 16.000 personas afectadas por la demora en las obras de rehabilitación, de las que el Gobierno regional responsabiliza a Fomento. Es lo de siempre: mientras las administraciones se enfrascan en la búsqueda de responsabilidades, la casa de los intereses ciudadanos queda sin barrer. La visita de la ministra Pastor dejó otra perla cultivada de difícil digestión: además de racanear con los fondos del Plan de Vivienda, la ministra dio por defuncionado el Convenio de Carreteras, al asegurar que el Estado no tiene responsabilidades sobre las vías Canarias. Es cierto que fueron transferidas en el 82, porque Canarias carece de carreteras nacionales. Pero casi desde la aceptación de las transferencias, se acordó complementar la dotación presupuestaria con los convenios de carreteras. Se hizo así atendiendo precisamente a que el Gobierno de la nación no dejaba en Canarias -por vía de la ejecución directa- ni un duro de lo que se gasta en la red de carreteras que une todas las capitales de provincia, y en la red de autopistas (acaba de gastarse más de 2400 millones de euros para rescatar la deuda de las de peaje), por lo que parecía de recibo compensar vía convenio las inversiones no realizadas. Desde que el PP gobierna en España, y coincidiendo con la política de recortes y ajustes, se ha producido una suerte de desmontaje del sistema de convenios y planes que compensaban las deficiencias de financiación y paliaba el perjuicio que para Canarias supone no participar de tantas obras y proyectos nacionales. Falta ahora detectar si ese ajuste fue coyuntural, producto de la crisis, o si el PP cree realmente que Canarias no requiere una atención especial. Conviene aclararlo antes de volver a pasar por las urnas.