Aforados – Por Leopoldo Fernández

El Gobierno español ha decidido otorgar el aforamiento, ante el Tribunal Supremo, a la reina y a los príncipes de Asturias, según consta en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cubre así una laguna legal que incomprensiblemente había dejado a la esposa del rey y al heredero de la corona y su cónyuge sin amparo judicial específico, es decir, en caso de que fueran imputados por algún delito, serían juzgados por los mismos tribunales que cualquier ciudadano normal. En asunto tan delicado, se podrá discutir la procedencia de esta modificación legal, pero en un país con algo más de 10.000 aforados, entre ellos más de 2.000 políticos, parece lógico que al menos las personas que ostentan mayor responsabilidad o representación institucional sean asimiladas a quienes tienen ese derecho, como el presidente del gobierno y sus ministros, diputados nacionales y senadores y presidentes de altos organismos del estado, que sólo pueden responder ante el Tribunal Supremo. Otros aforados -presidentes de comunidades autónomas y sus consejeros, diputados regionales, presidentes de organismos, jueces, magistrados y fiscales- son responsables ante los tribunales superiores de justicia o ante el Supremo, según determinen los respectivos estatutos de autonomía.

Hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen fuero especial y responden por sus actos ante las audiencias provinciales. En la mayoría de los países democráticos el aforamiento o no existe, como en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, o es excepcional y por tanto la jurisdicción especial se reserva para un puñado de altas autoridades -el presidente de la república en Italia y Portugal y lo mismo, más los ministros, en Francia-. En España, sin embargo, y pese a que la Constitución reconoce la igualdad de todos ante la ley, se mantiene este privilegio arcaico, cuyo origen se remonta a los tiempos de las monarquías absolutas, en que se implantó para contrarrestar los efectos de las, no pocas veces, decisiones arbitrarias de los reyes, que abusaban de su poder y se imponían a los dirigentes políticos con disposiciones arbitrarias. El pasado año, UPyD presentó una iniciativa en el Congreso para que en España se restringiera el número de aforados, pero la propuesta duerme el sueño de los justos cuando es lo cierto que con el nacimiento de las autonomías el aforamiento ha proliferado de manera extraordinaria, lo que a su vez -por la mala praxis de los políticos acogidos a esta figura procesal- ha congestionando la labor de los tribunales y producido serias disfunción es en el sistema judicial, sobre todo por la abundancia de los casos de corrupción, que reúnen a más de 350 imputados, de ellos 75 sólo en el llamado caso Gürtel.