X
política >

Un alto cargo será destituido si no cumple con la ley de transparencia

   
El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, en el salón de plenos del Parlamento. / SERGIO MÉNDEZ

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, en el salón de plenos del Parlamento. / SERGIO MÉNDEZ

sm parla 13.jpg

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El incumplimiento (por acción u omisión) de la futura Ley de Transparencia de Canarias acarrea la destitución de un alto cargo en el supuesto de “infracción muy grave”. Esta novedad figura en el segundo borrador de anteproyecto, que incorpora un título, el quinto, dedicado al régimen sancionador.

Para las infracciones disciplinarias se fija la amonestación, la declaración de incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Las de carácter administrativo en que incurran las personas y entidades privadas conllevan amonestación (en las infracciones leves) y multas (con un cuantía de hasta 300.000 euros).

No obstante, el personal al servicio de las entidades y organismos públicos afectados por la ley estará sujeto a la normativa específica de cada grupo laboral.

Se considera una infracción muy graves de un alto cargo, entre otras, “el incumplimiento de la obligación de publicar la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”; preferentemente, por medios electrónicos, sedes electrónicas o páginas web. Eso será así siempre que se desatienda más de tres veces en dos años el requerimiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información (Diputado del Común). Los procedimientos se iniciarán de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, a instancia del comisionado, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. En determinadas circunstancias se ajustará al sistema de incompatibilidades de los miembros del Gobierno canario y de altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma. En cuanto al ámbito de aplicación, la disposición adicional quinta otorga al Ejecutivo el mandato para que presente ante el Parlamento “las iniciativas legislativas que sean precisas” en su extensión a los cabildos y a los ayuntamiento para su “adaptación a los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública”.

A tal efecto, el comisionado resolverá las pertinentes reclamaciones.
Sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información de la Cámara, el texto se remite, y en eso no ha cambiado, al reglamento interno.
“La pérdida de confianza de la ciudadanía en la gestión pública ha ido en aumento en las últimas décadas”, se lee en la exposición de motivos.

Una “potente” herramienta

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, valoró ayer las aportaciones ciudadanas que recoge el segundo borrador de la Ley de Transparencia de Canarias, que fue entregado a los grupos parlamentarios. En declaraciones a los medios de comunicación, Spínola también destacó, tal como informa Europa Press, la “buena voluntad” de los partidos. “Es una herramienta muy potente que va a visualizar la Administración en beneficio de la sociedad”, resaltó.

Manuel Fajardo (PSOE) confía en que el Diputado del Común sea el que controle el cumplimiento de la ley, José Miguel Barragán (CC) celebró el “impulso” del Gobierno de Canarias para “agilizar” la tramitación del proyecto y Román Rodríguez (NC) confía en que esté “a la altura de las circunstancias”.