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Buena idea, pero irrealizable – Por Leopoldo Fernández

   

Tengo por bienintencionado y voluntarioso, aunque prácticamente irrealizable, el propósito, aprobado por unanimidad en el Parlamento canario, de dar utilidad social a los alimentos que no se consuman en los comedores escolares. En tiempos de tantas penurias, no parece razonable tirar a la basura, o desperdiciar, aquella comida que, estando en perfectas condiciones sanitarias para su consumo, puede ser repartida entre familias necesitadas por parte de los correspondientes servicios sociales municipales, bancos de alimentos, entidades humanitarias y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la atención a los más desfavorecidos de la sociedad. La cuestión es cómo se puede efectuar esa tarea de reparto teniendo en cuenta que la legislación vigente prohíbe expresamente la manipulación, la distribución y el consumo, fuera del recinto escolar, de las comidas entregadas a los colegios. Además de la falta de competencia legal para ocuparse de estos asuntos por parte de las consejerías del gobierno de Canarias, en especial Educación y Sanidad, se hallan en vigor otras normas que afectan al transporte y manejo de alimentos y que hoy por hoy impiden a su vez la concreción del proyecto, que tiene un fondo muy estimable de solidaridad. Tan es así, que la Unión Europea ha aprobado algunas iniciativas tendentes al mejor aprovechamiento de los alimentos que no consumimos, no los restos o sobras de la comida -mediante prolongación de fechas de caducidad, modernización de las presentaciones, reventa a precios más baratos, mejora de los envases, estímulos para concertar acuerdos con entidades benéficas, etc.-, sobre todo allí donde más incide el problema: restaurantes, colegios, mercados, hipermercados, supermercados, etc. En la Europa comunitaria cada ciudadano despilfarra un promedio de 179 kilos de comida (163 es la media española) al año, equivalentes a unos 89 millones de toneladas, casi un tercio de los alimentos que se producen, según un informe del Parlamento Europeo. De esta cantidad, el 42% se desperdicia en los hogares. Ante datos tan escandalosos, nadie debería dudar sobre la conveniencia de evitar tanto derroche, más aún cuando muchas familias ni siquiera tienen garantizada su comida diaria. Pero una cosa es la conveniencia de concretar un proyecto interesante y otra la imposibilidad de violentar la legalidad vigente. Sólo una muy imaginativa, condicionada y excepcional disposición de las empresas de suministro de comidas podría, en su caso, servir de punto de partida para un posible reparto, organizado y estable, de los excedentes de viandas de los colegios. Aun así, las dificultades objetivas parecen, hoy por hoy, insalvables.