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Un camino democrático – Juan Hernández Bravo de Laguna

   

Aprovechando las ceremonias de la investidura de Michelle Bachelet como nueva -repetida- presidenta de Chile, en el inicio de un nuevo período presidencial de cuatro años, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) se reunieron el mes pasado en Santiago con carácter extraordinario para tratar la crisis política de Venezuela, con el objetivo de intentar constituir una Comisión de diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición. La reunión fue promovida por la propia Venezuela como alternativa al debate que suscitó Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que incluye a Estados Unidos y Canadá, países que los chavistas consideran no amigos. “Esperamos que en la reunión de cancilleres sea posible alcanzar los acuerdos que permitan que UNASUR pueda acompañar este proceso y apoyar un camino de paz y diálogo”, afirmó Bachelet en su primera rueda de prensa tras ser investida, y añadió: “Quiero reiterar la voluntad del Gobierno de Chile de apoyar y acompañar al pueblo venezolano y a su Gobierno en un proceso que les permita seguir adelante en su camino democrático de un Gobierno elegido democráticamente. Esperamos que ese país pueda resolver sus contradicciones y la de sus diferentes intereses en un camino de paz y diálogo”.

En definitiva, la presidenta de Chile reafirmó su voluntad y la de su Gobierno de apoyar un “camino de paz y diálogo”, como repitió obsesivamente, que permita a Venezuela superar su actual gravísima crisis política. No obstante, Bachellet advirtió que “jamás apoyaremos ningún movimiento que de manera violenta quiera derrocar a un Gobierno constitucionalmente electo”.
Pero, ¿es el Gobierno venezolano un Gobierno constitucionalmente electo? ¿Es su camino un camino democrático? En la Polonia comunista y en otros países de su bloque se toleraban algunos partidos diferentes al comunista, e, incluso, se les permitía concurrir a las elecciones, aunque sin la menor opción real de obtener nunca la mayoría y, mucho menos, de cambiar el régimen. En el régimen chavista sucede lo mismo. El candidato único de la fragmentada oposición venezolana no tuvo nunca una posibilidad real de victoria, ni en las últimas elecciones presidenciales ni antes. Como no la tuvo su predecesor, perseguido por Chávez. Y no solo porque las fuerzas armadas han sido intensamente depuradas y son un instrumento chavista que no toleraría el cambio. Ni porque los chavistas están armados y tampoco lo permitirían. El problema principal es que los procesos electorales chavistas son intervenidos por el poder, que es juez y parte e incumple sistemáticamente sus propias normas, y la autenticidad de los resultados electorales se encuentra muy lejos de estar garantizada. Las autoridades electorales, empezando por el Consejo Nacional Electoral, son chavistas o marionetas que no se atreven a enfrentarse al poder porque sufrirían graves represalias, y nadie está obligado a ser un héroe. Y los observadores internacionales, en el mejor de los casos no disponen de instrumentos ni de medios para controlar o verificar todo el proceso.

Desde el inicio del régimen, en todas las elecciones se han cuestionado las máquinas de votación, que pueden ser manipuladas, y se ha pedido un recuento manual de todas las papeletas o comprobantes que emiten las máquinas, como pidió Henrique Capriles en las últimas elecciones presidenciales. Un recuento manual que únicamente se ha concedido algunas veces para una fracción de las papeletas. En estas últimas elecciones, el día de la votación grupos de chavistas presionaban y coaccionaban impunemente en los colegios electorales. Y entonces, igual que antes, la sombra del fraude electoral se proyectó sobre los resultados. Hay más que sospechas de manipulación del sufragio. Capriles denunció casi un millón y medio de votos fraudulentos, pero son cifras imposibles de comprobar. Los resultados oficiales concedieron unos 270.000 votos de ventaja a Maduro. Es decir, el propio chavismo reconoce que ganó por una ñinguita, como dicen en Venezuela. A lo mejor es que el maquillaje de los votos no dio para más.

¿Es el camino del Gobierno chavista un camino democrático como afirma la presidenta chilena?, nos preguntábamos antes. Más allá de la corrección diplomática, Michelle Bachelet se confunde gravemente. Por muy proclive que se sea a la ideología chavista y por mucho que nos creamos sus resultados electorales, no es posible conceder la menor legitimidad democrática de ejercicio a un Gobierno que persigue y encarcela a sus opositores; que organiza y utiliza a multitud de bandas paramilitares armadas para disparar contra manifestantes indefensos, invadir propiedades y establecimientos, y reprimir toda disidencia; que ha institucionalizado la represión política y la tortura; que fomenta la delación y el espionaje social; que detiene indiscriminadamente y hace desaparecer a los detenidos, y un largo etcétera de fechorías políticas.

La destrucción social, política, económica y cultural que causa una dictadura populista como la chavista es tan intensa que no permite ningún “camino de paz y diálogo”, la necia quimera de la sesgada presidenta chilena. Y, sobre todo, cierra cualquier camino democrático para acabar con ella.