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Canarias llegará al Constitucional para evitar las corridas de toros

   
Desde hace cuatro décadas no hay corridas de toros en Santa Cruz. / JAVIER GANIVET

Desde hace cuatro décadas no hay corridas de toros en Santa Cruz. / JAVIER GANIVET

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“El Gobierno impulsará y fomentará, en colaboración con las restantes administraciones públicas, la transmisión de los conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que confluyen en la corrida de toros y el arte de lidiar”. Así de explícito es el texto que justifica la declaración de la Tauromaquia como patrimonio cultural, cuya ley aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy el pasado mes de noviembre. Desde entonces, Canarias ha tratado de evitar que la citada ley se ponga en práctica tal y como está concebida actualmente, porque con ello volvería a abrirse la posibilidad de que las Islas celebraran corridas de toros, prohibidas en el Archipiélago desde abril de 1991, cuando se aprobó la ley canaria de protección de los animales que sanciona las peleas, fiestas y espectáculos que conlleven sufrimiento animal.

En este sentido, y tal y como se publicó en el BOC el pasado lunes, una comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma iniciarán negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la referida Ley 18/2013, para lo cual se designará un grupo de trabajo que debe exponer sus conclusiones antes de 6 meses.

“Lo que nosotros buscamos es una interpretación conforme a nuestra legislación, porque la ley de la Tauromaquia no son solo las corridas de toros en sí, sino que se trata de un patrimonio cultural e inmaterial, y eso no implicaría un conflicto con la ley canaria, siempre y cuando no se promueva hacer estos espectáculos en las Islas”, explicó al DIARIO el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos Rull, quien dejó claro que “presentarán un recurso de inconstitucionalidad si no se llega a un acuerdo”.

“Nuestra ley no se debe ver afectada por esta, porque tal y como está concebida actualmente se podrían promover corridas de toros en Canarias”, recalcó Fernando Ríos. “La cultura, en sentido amplio, nada tiene que ver con el maltrato animal, y estamos en contra de espectáculos de este tipo”, manifestó.

Y es que, para el Gobierno regional, “la Tauromaquia es un concepto mucho más amplio”. “No nos oponemos a que pueda tener difusión a través de charlas, exposiciones, etcétera, pero no necesariamente debe implicar espectáculos en los que haya maltrato animal, y en la sociedad canaria hay un amplio consenso al respecto”, denotó Ríos Rull.

El dirigente nacionalista señaló que en las próximas semanas se llevarán a cabo las primeras reuniones de la comisión bilateral, en la que participarán representantes de las áreas de Ganadería y Cultura del Ejecutivo autonómico, que son las afectadas por la nueva ley, que en su preámbulo expone que “la fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico”, que se “deberán mantener, actualizar y conservar desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a esta”. Una afirmación que choca con la legislación canaria, que incluso prohíbe expresamente “la filmación para el cine o televisión de escenas de crueldad, maltrato o sufrimiento de animales, para lo cual se requerirá la comunicación previa al órgano competente de la administración autonómica, a efectos de la verificación de que el daño aparente causado al animal sea en todo caso simulado”.

Repercusión económica
En la orilla opuesta, desde el Gobierno central recordaron que “el espectáculo taurino no es sino el eslabón final de un proceso en el que intervienen y se yuxtaponen diversas actividades económicas y sujetos productivos, desde los activos y recursos materiales y humanos dedicados a la cría del toro de lidia en el campo, hasta los activos y recursos materiales y humanos que intervienen en el espectáculo taurino propiamente dicho”.

“La Tauromaquia constituye un sector económico de primera magnitud, con una incidencia tangible en ámbitos diversos y dispersos como son el empresarial, el fiscal, el agrícola-ganadero, el medioambiental, el social, el alimentario, el industrial o el turístico, entre otros”, concluyeron las mismas fuentes.