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CC-PSOE matiza el régimen de inspección de viviendas

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Entre las veintiuna enmiendas presentadas por los grupos gubernamentales al proyecto de modificación de la Ley de Vivienda de 2003, pendientes aún de calificación por parte de la Mesa del Parlamento, nacionalistas (CC-PNC-CCN) y socialistas matizan el régimen de vigilancia y sancionador al entender que tal actividad inspectora del Ejecutivo regional “excede los límites de la identificación de las viviendas deshabitadas”.

Conforme a ese juicio de valor, “resulta más preciso mantener un concepto genérico”. Por ello, se suprime el término deshabitadas en los títulos del capítulo II del título IX y del artículo 101.

De acuerdo con el texto enviado a la Cámara, el ejercicio de la potestad sancionadora tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras sobre viviendas protegidas, de los requisitos exigidos por la legislación aplicable para obtener financiación cualificada con destino a la promoción, adquisición, uso o rehabilitación de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública, de las normas para la acreditación de la habitabilidad, de las disposiciones sobre la efectiva ocupación de viviendas de titularidad de una persona jurídica y del deber de información o de suministro de datos a la Administración en relación a las viviendas deshabitadas.

El documento objeto de debate tipifica las conductas constitutivas de infracción y regula un sistema de sanciones. “A los efectos de evitar la situación de viviendas deshabitadas”, se lee en el proyecto de ley, el Instituto Canario de la Vivienda programará las actuaciones de inspección en el marco de un plan que contendrá los criterios necesarios para “seleccionar y establecer el orden de prioridad”. Tendrá una vigencia máxima de dos años, prorrogable por una anualidad y un “carácter reservado”. En “coherencia” con la intencionalidad social, la exposición de motivos recoge que la actuación inspectora y sancionadora “se concibe para operar sobre la acumulación de viviendas desocupadas en manos de personas jurídicas que, con frecuencia, está vinculada a prácticas especulativas”. Así, las medidas “están llamadas a operar como elemento corrector de las desviaciones en el funcionamiento del mercado de la vivienda”. Se penaliza, por lo tanto, la “no inserción de viviendas habitables y desocupadas en posesión de organizaciones dotadas de personalidad jurídica”.

Se persigue erradicar, en definitiva, “aquellas situaciones de desocupación efectiva de la vivienda más reprobables desde la óptica del interés general”.

Uso habitacional
En el apartado 20 del título VIII, después del capítulo I, se añade un 79 bis, sobre el “ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada”. De esta manera, “las casas deshabitadas de las que sean titulares personas físicas se consideran destinadas al uso habitacional que, de acuerdo con la normativa estatal, serán la venta o arrendamiento”. Con este apéndice, se regula un uso “no especulativo”.