Las corporaciones locales dirigirán la gestión del REF

Javier González Ortiz y Martín Marrero, en una imagen de archivo. / DA

DOMINGO NEGRÍN RAMOS | Santa Cruz de Tenerife

Los cabildos y los ayuntamientos se han salido con la suya. Las corporaciones locales isleñas participarán finalmente en la gestión directa de los tributos del Régimen Económico y Fiscal (REF), de los que son cotitulares.

Tal como figura el anteproyecto de ley de la Agencia Tributaria Canaria, cuya remisión al Parlamento acordó ayer el Gobierno regional, las instituciones insulares y municipales estarán formalmente personadas.

La presidencia de la agencia la ejercerá el consejero competente en materia tributaria, que actualmente es Javier González Ortiz, y el Consejo Rector actuará como órgano colegiado de gobierno. Se constituirán, además, un Comité Asesor y un Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los Tributos del bloque de financiación Canario. De este último serán miembros natos un representante designado por cada Cabildo y dos por la federación de municipios.

“De esta manera”, recalcó ayer en rueda de prensa el portavoz, “se cumple una demanda histórica de las corporaciones locales”. Esta instancia “aprobará el plan de acción anual específico para los impuestos del REF, realizará su seguimiento, propondrá líneas de actuación que mejoren la recaudación e impulsará el intercambio de información entre la agencia y los entes locales”, explicó Martín Marrero.

Denominada en los borradores previos Administración Tributaria Canaria, la creación de la agencia supondrá “un sustancial avance en la mejora de la gestión recaudatoria y la lucha contra el fraude fiscal”. Sus principales atribuciones serán de gestión, liquidación, recaudación, inspección y sanción de los tributos propios de la Comunidad Autónoma, los cedidos y los derivados del REF.
En palabras de Marrero, se ha optado por este patrón para “configurar una nueva forma organizativa de la gestión tributaria debido a que sus características permiten alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia”.

El ente incorporará un modelo de organización que conlleva “un mayor grado de autonomía en la gestión de los recursos humanos y materiales, más descentralización y agilidad en la toma de decisiones”. Aunque la gestión económica-financiera quedará sometida al control de la Intervención General de Canarias, un órgano interno se encargará de hacer un seguimiento del cumplimiento de su actuación.

El funcionamiento de la agencia se regirá por un contrato con una vigencia de tres años mediante el cual se definirán los objetivos y los resultados previstos, a través de los planes precisos.
La plantilla de la Agencia Tributaria Canaria se nutrirá de la Dirección General de Tributos, “sin perjuicio de que reasignen efectivos de otros departamentos”, puntualizó Marrero. “No habrá un coste adicional”, enfatizó el viceconsejero.

Preguntado por la liquidación definitiva de los tributos del REF en 2013, Martín Marrero respondió que el Gobierno esperará hasta finales de mayo para evaluar las cantidades que corresponderá satisfacer a los cabildos y a los ayuntamientos.

Canarias disfruta de un régimen económico-fiscal vinculado a su acervo histórico, constitucionalmente reconocido y consagrado por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como región ultraperiférica. Se basa en la libertad comercial de importación y exportación, la no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Los recursos tributarios de las Islas proceden de tres vías. El bloque del REF lo conforman el IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculación. Los tributos propios son: el de los combustibles derivados del petróleo, el canon de control de vertidos, el de las labores del tabaco, sobre el impacto medioambiental causado por los grandes establecimientos comerciales y el producido por determinada actividades. A los cedidos se añade el tramo autonómico del IRPF.