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Desigualdad social – Por Salvador García Llanos

   

En cabeza del crecimiento de la desigualdad social. Ahí está España, en la clasificación de un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que consagra lo que, en lenguaje común, se ha venido gestando en este país a lo largo de los últimos tiempos: hay más pobres y más ricos, como han aumentado los índices de pobreza y de riqueza en una sociedad cuya clase media va evaporándose progresivamente. Cierto que el estudio de la OCDE engloba el periodo comprendido entre 2007 y 2010 pero es indicador de registros posteriores que contabilizan la evolución de la deuda pública, las restricciones en el gasto social, el aumento de la imposición indirecta y la aplicación de los repagos (mejor que copagos), con lo que los niveles de desigualdad han aumentado considerablemente. Los datos comparativos del informe lo corroboran: en ese período de tiempo, los ingresos del 10% de la población más pobre cayeron el 14%, en tanto que los recursos del 10% más rico solo han disminuido el 1%. Consecuencia de ello, en el cuatrienio 2008-2012, los ingresos de los españoles bajaron en casi dos mil seiscientos euros por persona, lo que significa la cuarta mayor caída de los países desarrollados, sólo por detrás de Islandia, Irlanda y Grecia.
Más paro, más deuda y más pobreza, en definitiva. Veamos otros datos: el déficit público en 2011 fue del 5,2%. Y dos años después, el déficit con respecto del Producto Interior Bruto (PIB) se eleva al 5,5%. El pasado año, el déficit de la Seguridad Social española rondó los once mil millones de euros. Las recetas del Gobierno de España no han servido: ni la subida de impuestos ni la devaluación de las pensiones ni los recortes en las becas y en las prestaciones por desempleo. Y eso que las comunidades autónomas se han visto obligadas a afrontar notables restricciones en sanidad y educación. Por no hablar de una reforma laboral que ha limitado derechos de los trabajadores, facilitando su despido y generando bajadas salariales. No son de extrañar, por consiguiente, las conclusiones del informe de la OCDE. Esta importante brecha que se desprende de las cifras y los porcentajes pone de relieve que las condiciones de recuperación son extremadamente complicadas. La pesada carga del desempleo, además, merma tal propósito. Esto es lo que más debe preocupar: la desigualdad social, complicada premisa para estimular el desarrollo económico, para crecer y lograr índices de competitividad que reflejen un cambio de rumbo. Y ahí es donde deben esmerarse quienes ofrezcan alternativas más allá de criterios economicistas y de contención del gasto público: acercar o equilibrar solo será posible con unas mínimas y sólidas bases que recompongan el pacto social, válidas también para asegurar una productividad sostenible en los distintos sectores, la recuperación de rentas, la igualdad de oportunidades y los avances sociales.
Si se hace caso a la OCDE, el camino para que la brecha de desigualdad no se haga insalvable es claro: políticas sociales específicas y previsión de recursos para frenar el crecimiento de los más desfavorecidos y sus servidumbres. Si no, ya se sabe: más deuda, más paro y más pobreza. Así de sencillo.