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Un enjambre de pleitos judiciales – Por Norberto Chijeb

   

El Ayuntamiento de Candelaria está sujeto a infinidad de procesos judiciales que han supuesto casi una parálisis absoluta en su gestión. Este tercer mandato socialista se va a recordar como la legislatura perdida.

José Gumersindo García Trujillo, el alcalde de los últimos trece años, no puede seguir mirando para otro sitio, como escondido bajo la coraza protectora de una mayoría absoluta que está a un año de perderla, porque no puede ser que casi todos circulen por la derecha y solo él por la izquierda -no me refiero a ideario político- y tenga la razón.

Pleitos de todo tipo y de casi todos los años de su largo mandato, todos aún sin solventar en vía judicial: el supuesto doble pago al promotor del concierto de Ricky Martin, la supuesta contratación ilegal del gerente municipal, las denuncias del secretario trancado, los llamados casos Parking y Cómic Guanche, el plan de empleo echado abajo por al TSJC, las contrataciones ilegales en Epelcan, la denuncia del exgerente de esta empresa municipal a raíz de una doble multa de tráfico, los pleitos individuales con los trabajadores municipales por el regreso a sus condiciones laborales de 2010, la denuncia de Sí se puede por no cobrar desde 2008 licencias urbanísticas en cinco edificios, a las que habría que unir denuncias dirigidas a concejales, como Domingo Ramos y Alfredo Arencibia, el primero por una obra en Barranco Hondo -sentencia ganada en primera instancia- y el segundo por presuntamente haber utilizar material de un taller de carpintería para un chalet en Tabaiba.

Conflictos que suponen no solo un enorme desgaste al equipo de gobierno, lógico por otra parte después de casi tres lustros, sino que han abierto una enorme herida en la convivencia dentro del Consistorio, con los trabajadores y funcionarios en medio de conspiraciones, a lo que habría que añadir la irrespirable relación de los gobernantes electos con las dos primeros funcionarios de carrera, el secretario y el interventor, a su vez celosos de que sus atribuciones hayan sido secuestradas, por el gerente y por la empresa Epelcan.