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A la espera de lo que diga el Gobierno sobre el referéndum – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

Sigue abierta la cuestión de las prospecciones petrolíferas en aguas atlánticas situadas a 60 kilómetros de Canarias, cerca de la mediana con Marruecos. La votación que el jueves, en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, rechazó instar al gobierno central para que autorice la celebración de una consulta popular no debe confundirse con la obligada respuesta oficial, aún pendiente, del ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata simplemente de un no a la proposición de ley presentada por Nueva Canarias, en la que se solicitaba el respaldo de la cámara legislativa para la celebración de un referéndum consultivo en las islas sobre las prospecciones de Repsol y sus socios, la empresa australiana Woodside y la alemana RWE. Los nacionalistas canarios, con el apoyo de su copartícipe gubernamental, el PSOE, y el respaldo de la Izquierda Plural, optaron por abrir un segundo frente en el Congreso aun sabiendo que su pretensión de consulta popular no saldría adelante, como conocen que tampoco encontrará receptividad en el gobierno de Rajoy la petición de autorización gubernamental para hacer posible su petición plebiscitaria. Es por tanto el Ejecutivo nacional, y en su nombre el presidente, quien debe responder, en tiempo y forma, a la solicitud de su homólogo canario planteada a través del Parlamento autonómico, así que en esa espera estamos.
Pero ya saben CC, NC y el propio PSOE cómo se las gastan UPyD y, sobre todo, el PP con este asunto petrolero. No han variado un ápice su posición contraria a la consulta popular. Es lógico teniendo en cuenta -lo he apuntado otras veces- que abriría una puerta de incalculables consecuencias a otras comunidades autónomas dispuestas a utilizar la misma vía para no asumir las responsabilidades propias de todo gobernante que se precie y huya de populismos ocasionales, a fin de echar sobre los hombros de la ciudadanía la respuesta a iniciativas impopulares o controvertidas relacionadas con asuntos militares, de prisiones, cárceles, vertederos, centrales de producción energética, instalaciones industriales, materiales peligrosos, etc.

¿Alguien puede imaginarse un gobierno condicionado permanentemente, en el ejercicio de sus responsabilidades soberanas, por la presión de los distintos territorios o comunidades autónomas o, como en el caso catalán, por el ejercicio de un pretendido derecho a decidir que no existe en ninguna Constitución del mundo y que, de aceptarse, pondría en peligro permanente la existencia misma del estado? ¿En qué cabeza políticamente bien ordenada cabe la idea de realizar consultas populares sobre asuntos relevantes porque el referéndum -se ha dicho estos días por distintos responsables públicos- es la mejor y más genuina expresión de la democracia? La democracia evidentemente se expresa a través del voto, pero la mayoría de los grandes países -Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, etc.- no utilizan, salvo circunstancias excepcionales o porque así lo fije su Constitución, el procedimiento jurídico del referéndum, ni siquiera como complemento de las elecciones periódicas y libres propias de la democracia representativa. Hay algún país -el singularísimo caso suizo- que prefiere el refrendo popular para decidir sobre muy diversas cuestiones. Sin embargo, muchas de las consultas llevadas a cabo no han tenido validez por la escasa respuesta del pueblo, seguramente hastiado del recurso frecuente a su derecho de sufragio, que no alcanza el nivel mínimo de participación exigible.
El Gobierno autonómico se ha escudado en la importancia, trascendencia y repercusión que, en caso de accidente, podría tener en las islas la extracción de petróleo, para justificar la consulta a los ciudadanos canarios. Pero cabe preguntarse si este asunto no resulta también de interés nacional y por consiguiente no debería exigirse en su caso un referéndum en el que participaran los demás ciudadanos españoles. Sea como fuere, la posibilidad de accidente no es única ni afecta sólo a este sector. Por citar un ejemplo socorrido, también sufren percances, colisionan o se caen los aviones y no por ello cesa la actividad aérea; al contrario, crece sin parar.

La mayoría del petróleo extraído del subsuelo marino suele hacerse en todo el mundo con las debidas cautelas de seguridad medioambiental. Incluso existen lugares especialmente protegidos en los que se ha autorizado su búsqueda y explotación. Por no salir de España, es el caso de la plataforma Casablanca de Repsol, que opera en aguas de Tarragona, dentro de la reserva mundial de la biosfera del Delta del Ebro, o el de la plataforma Gaviota, en Vizcaya, también ubicada dentro de la reserva mundial de la biosfera de Urdaibai.

A pesar de protecciones y cautelas, se han producido derrames contaminantes, algunos graves o muy graves. Lo que no ha impedido la continuidad de una tarea que a la larga es beneficiosa para las firmas petroleras y para los países en cuyo territorio o mar soberano se encuentran el llamado oro líquido, por la contribución que han de aportar a las arcas del estado, vía impuestos. De ahí a dar por sentado que habrá accidentes o que la industria extractiva es incompatible con el turismo media un trecho populista absolutamente rechazable, por falso y tergiversador. Son numerosos los ejemplos que acreditan lo contrario, en Estados Unidos y Méjico, en países del norte europeo y oriente medio, en Brasil, etc. Además, si no se extrajera el petróleo que pudiera existir, continuaría el peligro que invoca el Gobierno autonómico porque Marruecos va a seguir buscándolo -sujeto a normas más permisivas que las comunitarias- a menos de una decena de kilómetros de donde pretenden localizarlo Repsol y compañía.

Tampoco resulta convincente la apelación a la consulta popular por parte del Ejecutivo autonómico. Oficiosamente se sabe, por varios sondeos de opinión, que en Lanzarote y Fuerteventura el rechazo al petróleo es muy mayoritario. Pero no está clara la postura de las demás islas, sobre todo en la provincia tinerfeña. Aun así, de abrirse una campaña informativa rigurosa y seria, no es seguro el resultado de un eventual referéndum porque la división de opiniones existe. Y es que resulta muy difícil rechazar sin más, bajo supuestos de problemas sobrevenidos, la extracción, incluso aceptando algunos riesgos, de potenciales riquezas minerales, más aún en tiempos de escaseces. Lo que queda fuera de toda discusión es que nada tiene que ver el referéndum catalán, que en el fondo busca la ruptura de España, con el canario, que es acorde con las previsiones constitucionales, estatutarias y legales. Por tratarse del primer caso de solicitud de consulta planteado en España al amparo del artículo 92 de la Carta Magna, el Gobierno del estado deberá hilar muy fino en su argumentación jurídica para fundamentar el no con el que, según se ha anticipado, responderá a las aspiraciones manifestadas por el Parlamento y el Gobierno autonómicos. Esa finura jurídica tiene que ver con la posibilidad de que la propia Cámara legislativa, o en su caso el Gobierno regional, puedan recurrir la respuesta si no les satisface, ante el Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, se siguen poniendo obstáculos a la eventual extracción de petróleo, sin el cual ni funciona la economía, ni es posible el progreso, ni el turismo, ni la movilidad, ni el normal movimiento del hogar de cada cual. Todo estaría bien si se persiguiera el estricto cumplimiento de la legalidad en el proceso, que ha sido lamentable desde un principio. Pero el Gobierno y algunas autoridades prefieren enfrentarse a todo y a todos, retrasar -exigiendo transparencia, rectificaciones, actualizaciones o aquello que legalmente proceda- lo que nadie va a poder parar, obstaculizando una salida pactada en beneficio de todos, por supuesto también de la economía isleña. La realidad es que hasta ahora no ha prosperado ninguno de los recursos instados ante los tribunales. Y que ni siquiera el nuevo REF va a disponer, si Dios no lo remedia, de una herramienta adecuada para tratar de recaudar, vía impuestos, por las riquezas extraídas en mar y tierra. Ojalá el sentido común pudiera imponerse por ley.