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Más de 48.000 personas en las Islas llevan 2 años sin asistencia sanitaria

   
Los inmigrantes en situación irregular son los más afectados por el nuevo decreto del Gobierno del PP. | DA

Los inmigrantes en situación irregular son los más afectados por el nuevo decreto del Gobierno del PP. | DA

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La sanidad universal y gratuita ha dejado de convertirse en un derecho en España, al menos para todos aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular. Para este colectivo, al que el Gobierno central dejó sin asistencia hace ahora dos años, la consejería autonómica que dirige Brígida Mendoza prometió articular vehículos que permitieran seguir prestándoles ayuda básica, más allá de las especificidades (menores, embarazadas, pacientes oncológicos y urgencias) que ofrece la misma ley. Sin embargo, y a pesar de que el departamento de Mendoza ideó una serie de convenios que permitirían dar cobertura a los sin papeles, a día de hoy solo 146 personas han obtenido una tarjeta sanitaria provisional -otras 39 están en trámite-, de entre las más de 48.000 personas que se quedaron fuera del sistema.

Por este motivo, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) y el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes denunciaron ante la Justicia la actual situación de “vulneración del derecho a la salud” que, en opinión de ambas organizaciones, sufren actualmente las personas inmigrantes que perdieron su tarjeta sanitaria como consecuencia del decreto que entró en vigor en 2012. Al respecto, José Antonio Moreno, asesor jurídico de la Secretaría Confederal de Empleo y Migraciones de CC.OO, criticó la “inacción” del Gobierno de Canarias ante la “negativa acción” puesta en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. No en vano, las 185 solicitudes de tarjeta especial contabilizadas por la propia Consejería de Sanidad apenas suponen el 0,3% del total de inmigrantes y desempleados que se encuentran sin cobertura en estos momentos.

“La exigencia de una documentación burocrática (certificados de Agencia Tributaria, documentos de los consulados de países de origen que certifiquen que la persona no tiene recursos, etc.) imposibilitan que los inmigrantes accedan a esa tarjeta, simplemente porque muchos de los países de origen no están preparados para facilitar esos documentos”, manifestó José Antonio Moreno, que exigió una “reducción” de esos requisitos burocráticos y “canales adecuados” para que los irregulares puedan acceder a ellos.

En la misma línea se manifestaron desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, quienes exigieron al departamento que dirige Brígida Mendoza que reincorpore a los inmigrantes al Servicio Canario de la Salud. “Tras el levantamiento parcial de la suspensión de la ley foral de Navarra que permitía la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes no regularizados, es la segunda vez que el Tribunal Constitucional permite la atención sanitaria a los inmigrantes; la primera fue en el País Vasco y ejemplifica cómo el Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto una agresión intolerable al derecho a la salud de las personas”, recalcaron las mismas fuentes, quienes subrayaron que “el Constitucional argumenta que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física no pueden verse desvirtuados por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado, lo que reafirma que la nueva ley vulneraba los derechos humanos básicos de estas personas y su supuesto efecto económico era irrelevante y potencialmente negativo”.

El problema, que además de a inmigrantes también afecta a españoles que no han cotizado o que se encuentran sin empleo y a muchos ciudadanos comunitarios, está generando un “caos” en muchos servicios, según el sindicato, que reiteró que las autoridades tienen el “deber de informar adecuadamente” a los sin papeles sobre sus posibilidades de acceso a la atención sanitaria, así como extender a la asistencia farmacéutica la cartera de servicios a la que puedan tener acceso. “Que el acceso a la sanidad pública esté en manos de la solidaridad de las personas y de las ONG refleja el deterioro democrático al que estamos llegando”, concluyó el portavoz de Inmigración de CC.OO.