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MiFID II: mayor protección para los inversores – Por José Francisco Fajardo

   

El pasado día 15 de abril, el Parlamento Europeo aprobó, después de más de dos años desde las primeras propuestas de reforma, la nueva directiva sobre mercados de instrumentos financieros (más conocida con el acrónimo MiFID, resultado de la unión de sus siglas en inglés), destinada esencialmente a mejorar la protección de la clientela de las entidades financieras y empresas de servicios de inversión. La finalidad de la MiFID II es, en síntesis, introducir una serie de medidas con el objeto de abordar determinados problemas aflorados por la crisis financiera, buscando soluciones para una mayor flexibilidad, eficiencia y transparencia en los mercados financieros, de forma que todo ello se traduzca en una mayor protección para los inversores. Si bien en ella se introducen aspectos tan relevantes para el inversor como es la ampliación de la supervisión sobre determinados instrumentos, mercados de negociación y países, así como la necesidad de un mayor grado de información sobre las transacciones, son las medidas relativas a la independencia en la comercialización de productos e incentivos y el concepto de las comisiones a abonar las que sin duda van a alterar el modelo de negocio de la denominada banca personal y privada en nuestro país.

Con la entrada en vigor de la nueva directiva, se plantea la necesidad de garantizar la independencia en el asesoramiento que reciben los clientes que contratan los productos financieros, lo que obligará como mínimo a las entidades financieras a garantizar dicha independencia, a disponer de una gama suficiente de instrumentos, tanto propios como de terceros y bajo un régimen de arquitectura abierta, y renunciar a la percepción de incentivos o a la retrocesión de comisiones por la comercialización de éstos (abonadas por las gestoras de fondos de inversión principalmente). Esta restricción es aplicable asimismo a las empresas de servicios de inversión (ESI), que engloban las agencias y sociedades de valores, sociedades gestoras de cartera y a las EAFI, que estén percibiendo comisiones por comercializar o recomendar, en el caso de estas últimas, productos de terceros. ¿Cómo reaccionará la banca bajo este nuevo escenario que supone renunciar a una importante fuente de percepción de ingresos? Probablemente, las entidades se vean abocadas a cobrar por el servicio de asesoramiento a sus clientes de banca personal y privada como fórmula de ingresos compensatoria, migrando de esta forma hacia una banca “de servicios” desde una “de productos”. No obstante, para ello se deberá producir un cambio necesario en la cultura actual del cliente bancario al pagar por el asesoramiento, en la línea de otros servicios profesionales. Algunas entidades financieras han reaccionado ya formando a sus plantillas con conocimientos específicos para llevar a cabo un asesoramiento financiero a clientes y que éstos lo conciban como un valor añadido; incluso algunas han puesto en venta sus entidades gestoras de fondos de inversión, ampliando su gama con productos de terceros.

No obstante, está aún por ver cómo convivirá en la práctica el asesoramiento independiente con una cartera de productos propios de la entidad financiera, sin generar conflictos de interés, situación que no se produce con las EAFI. El escenario de aplicación real de la directiva recientemente aprobada es aún lejano, dado que se ha marcado un plazo de más de dos años para que sea traspuesta al ordenamiento nacional del cada Estado miembro. Se prevé su total efectividad, en España, no antes de finales de 2016.

*DE CROSS CAPITAL