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Nuevo varapalo al soberanismo catalán – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

A la unánime sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declara “inconstitucional y nulo” el acuerdo del Parlamento catalán de enero de 2013, según el cual “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”, se va a unir, el martes próximo, una coincidencia muy mayoritaria del Congreso de los Diputados que rechazará1 la pretensión de la Generalitat de convocar un referéndum de autodeterminación. Para ello, necesita que el Gobierno central delegue esa exclusiva competencia.

Teniendo en cuenta que PP y PSOE comparten, con matices, el mismo punto de vista contrario a la pretensión de los gobernantes del Principado, y que algunos partidos minoritarios sostienen una actitud similar, no resulta descabellado esperar una votación contraria a los intereses de los independentistas catalanes con casi el 90% de los votos de la cámara legislativa. Más o menos, como cuando se rechazó el Plan Ibarretxe, que cosechó 315 votos en contra. Los propios representantes catalanes en el Congreso estiman que 22 de ellos votarán a favor y 25 en contra. Pero estas previsiones no desaniman al nacionalismo independentista. Busca la trampa, la disculpa, la añagaza, con tal de no apearse de unos argumentos ilegítimos, ilegales, falsos de toda falsedad, como el “España nos roba”, una frase que ha hecho fortuna y alrededor de la cual se ha construido un epítome de epopeya soberanista para recuperar no se sabe bien qué poderes basados en falsos hechos históricos y en pretendidos aplastamientos, desde Madrid, de seculares aspiraciones nunca consumadas.

Deslealtades y legalidad
La realidad es que el propio Artur Mas, desafiante y altanero en sus intervenciones públicas, ha dado a entender que su hoja de ruta no se verá afectada por acuerdos ajenos a Cataluña, como si las resoluciones del Constitucional y del Congreso, y la Constitución misma, no tuvieran que ver en absoluto con el Principado. Pese a ello, en las últimas fechas se han producido contactos de alto nivel entre los gobiernos central y de la Generalitat, en Madrid y en Barcelona, a cargo de Francesc Homs, portavoz del Gobierno de la Generalitat, y de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Hasta donde ha trascendido, Rajoy mantiene su oferta de mejorar la financiación catalana y de revisar algunos aspectos de las relaciones bilaterales contempladas en el Estatuto de Autonomía, siempre que encajen en el marco constitucional. Pero fía para más adelante los eventuales cambios de la Carta Magna que reclama insistentemente el nacionalismo y que ya ha esbozado Rubalcaba en varias intervenciones públicas.

El fondo del problema se centra en la evidente deslealtad de Mas, Oriol Junqueras, el líder de ERC, y sus seguidores y en que, al menos por ahora, no se atisba ningún punto de inflexión en el desafío independentista, que sigue usando internet y la acción exterior -además de la interior- para internacionalizar, con escaso éxito por cierto -más aún tras el ilegal referéndum en Crimea y los tajantes pronunciamientos de la UE, la ONU y el Consejo de Europa-, el lío catalán. No obstante, se dice en ambientes políticos madrileños que Mas estaría buscando una tabla de salvación que le permita salir del atolladero político en que se ha metido y frenar la celebración de un referéndum cada vez más imposible de llevar a la práctica. A estos efectos, no parece que Rajoy vaya a mover ficha, al menos ahora, cuando al nacionalismo catalán sólo le importa, según sus portavoces, el “sí”dado por el TC al derecho a decidir, y prefiere ignorar que esta aspiración política sólo es posible “mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. Es cierto que el TC no condena las ideas contrarias a la Constitución, ni rechaza la voluntad política de una comunidad autónoma de alterar su propio estatus jurídico, pero lo condiciona a la negociación y a la correspondiente modificación de las leyes por la vía prevista para ello. La sentencia dice textualmente que “una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”. Más claro, agua.

Si pese a todo, la Generalitat sigue adelante, resultará inevitable el llamado choque de trenes. El Gobierno central se apoyará en los tribunales Supremo y Constitucional para cumplir y hacer cumplir la ley. En algunos ambientes madrileños se temen que la confrontación resulte inevitable ya que Mas, como le pasara en su tiempo a Companys, está sometido a fortísimas presiones de los grupos catalanes más radicales. Esa misma semana dos notas avalan los malos presagios. De una parte, el pacto de asociación política suscrito entre CiU y Reagrupament, un grupo radical escindido de ERC y partidario de la secesión unilateral de Cataluña, y de otra, el nacimiento de la Nova Terra Lliure, que recupera el nombre de la vieja banda terrorista. Este grupo, que está siendo investigado por la autoridad judicial, se muestra partidario de la lucha armada, la independencia unilateral, la ilegalización del Partido Popular y de “cazar españolitos” si no se autoriza el referéndum de autodeterminación. Su lema es “pueblo armado, pueblo respetado”.

Por su parte, la ANC, Asamblea Nacional Catalana, que aglutina, como punta de lanza, a todo el movimiento independentista, ha acordado en su asamblea general ordinaria de ayer, que Cataluña proclame su independencia el 23 de abril de 2015, fiesta de Sant Jordi, y que el referéndum para que el futuro Estado catalán se dote de una nueva Constitución se lleve a cabo el 11 de septiembre del mismo año. ANC considera “radicalmente democrática y profundamente pacífica” la consulta soberanista. No obstante, algunas de sus cabezas visibles se sabe que están siendo investigadas por sus supuestas conexiones con el mundo radical proetarra del País Vasco.

Con estos condimentos, el pastel catalán se envenena a ojos vista. Hasta tal punto que ya hay quienes piensan en soluciones a la antigua, como la Adoptada cuando se proclamó la República Catalana por parte de Companys, que dio lugar a una intervención militar en toda regla y a la detención del presidente del Parlamento y del gobierno en pleno, con el consiguiente encarcelamiento, traslado a Madrid y enjuiciamiento y condena por el Tribunal de Garantías Constitucionales. Además de otros muy desagradables efectos que el tiempo no ha logrado hacer olvidar, como el fusilamiento por el régimen franquista del propio Companys, traído a España por la Gestapo desde su exilio francés, tras ser juzgado en consejo de guerra.

Consecuencias económicas tremendas
Hasta el Instituto de Estudios Económicos, que desde 1979 agrupa a destacados empresarios españoles y es un poderoso lobby vinculado a la CEOE, ha difundido un informe en el que augura catástrofes sin fin a Cataluña si persiste y consolida la actual línea independentista, desde la “legítima intervención del ejército”, con arreglo a la Constitución para restablecer la legalidad, hasta la suspensión del Estatuto de Autonomía, la destitución del Gobierno, el cierre del Parlamento, la devolución de las competencias transferidas, la iniciación de un periodo hiperinflacionista, la fuga masiva de capitales, la desaparición de empresas extranjeras y nacionales, la consolidación de un desgarro social permanente, etc., etc.

Otro estudio, en este caso de la organización Europa Liberal, niega con datos muy fiables el pretendido expolio fiscal e insiste en que una Cataluña independiente provocaría un éxodo empresarial sin precedentes. Además, estima que el PIB catalán podría caer un 20%, frente al 10% del resto de España, y que sería muy posible la inevitable creación de un ‘corralito’ y, de crearse una moneda catalana, que la misma sufriera de entrada una devaluación entre el 30% y el 50%.

Así las cosas, no parece que el pleno del Congreso del martes, del que ha huido Mas como gato escaldado, seguramente para no tener que soportar la humillación de perder la votación por goleada, vaya a cambiar el escenario soberanista. Pero es evidente que, dígase lo que se quiera, el tiempo juega a favor del Gobierno español y de la legalidad vigente. Y se acrecienta si Artur Mas y compañía siguen en su loca carrera hacia ninguna parte.