Organizan nuevas protestas ante la “inmovilidad” del Gobierno local

Los afectados reclaman soluciones después de salir a la calle. / F. PALLERO

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Ante la “inmovilidad” del Gobierno local (CC-PP), la plataforma ciudadana Afectados por Aqualia ha decidido salir nuevamente a la calle después de Semana Santa con concentraciones alternas frente a la sede de la concesionaria Aqualia, y del Ayuntamiento, “los principales y únicos responsables” de la restricción que afecta a 14.000 vecinos de los barrios de Las Dehesas, La Vera, Las Águilas, San Antonio-Esquilón, Las Arenas, San Fernando y Taoro-Malpaís.

La medida, adoptada el martes por la noche durante una asamblea del colectivo en la asociación de vecinos de Punta Brava, se mantendrá hasta que se levante la restricción o les ofrezcan una solución creíble “y no promesas que luego no cumplen” como ha sucedido hasta ahora.

Los vecinos aseguran que están cansados, hartos, furiosos y todos los calificativos que sirvan para definir la “insostenible” situación de estar 43 días sin poder beber agua del grifo ni utilizarla para preparar alimentos y en algunos casos, tampoco para ducharse. En este sentido, culpan al Ejecutivo municipal de no haberse puesto en contacto con los afectados pese al compromiso que adquirió el 29 de marzo, día en el que unas 500 personas salieron a la calle para exigir un agua de calidad.

“No firmaron ningún documento pero se comprometieron a hacer efectivas algunas de las peticiones formuladas por la plataforma, como una inspección conjunta con los técnicos de la empresa a las obras que se realizan en los depósitos y para comprobar los turbidímetros y no nos han llamado”, recalcan.

Lista de afectados

La plataforma informa que la situación se torna cada vez más grave y prueba de ello es que hay vecinos cuya salud está afectada por la situación higiénico sanitaria a la que están sometidos. Por ello, en una lista que entregarán en breve a la Dirección General de Salud Pública identificarán con nombre, apellido, documento de identidad y certificado médico, los casos de personas que sufren dermatitis y gastroenteritis como consecuencia de la mala calidad del agua.

Desde la plataforma, insisten en que los bidones que se instalaron en los barrios con restricciones para abastecer a la población, “están diseñados para prestar un servicio provisional y no por un periodo tan largo de tiempo, como está ocurriendo”.

Por otro lado, la plataforma ha decidido seguir adelante con su demanda judicial y el procedimiento administrativo a través de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (FACUA), para instar al Ayuntamiento a intervenir el suministro de agua realizado por Aqualia, rescindir la concesión y sancionar a la empresa con calificación de “muy grave” con una cuantía que podría oscilar entre los 60.000 y 500.000 euros “y no los 12.000 que se proponen porque es una tomadura de pelo a los afectados”, resaltan. Con ello se demuestra “la falta de voluntad del Ayuntamiento para solucionar este problema y que va de la mano con la empresa aunque se empeñe en negarlo”, declaran.