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El PP canaliza las quejas de más de 700 vecinos sobre la rehabilitación

   
Los diputados regionales del PP Cristina Tavío y Felipe Afonso. | DA

Los diputados regionales del PP Cristina Tavío y Felipe Afonso. | DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Partido Popular se ha propuesto lapidar la política de vivienda del Gobierno de Canarias al entender que este dilapida dinero público destinado a la rehabilitación. En concreto, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Cristina Tavío, deslizó ayer la sospecha de que la consejería de Inés Rojas ha desviado veinte millones de euros para alquileres sociales desvinculados de los planes de renovación de 35 barrrios de las Islas.

“Queremos que nos expliquen en qué se han empleado 50,8 millones del total de 72,8 millones de euros de los convenios firmados con el Ministerio de Fomento”, manifestó Tavío durante una rueda de prensa en la sede del grupo junto a Felipe Afonso.

En la comparecencia, la diputada de la oposición anunció con papeles en las manos la presentación ante las oficinas del Diputado del Común y de la Defensora del Pueblo de las quejas de más de 700 vecinos del Archipiélago a quienes “el Gobierno de Canarias prometió rehabilitar sus viviendas.

Tras insistir en la “obligada” destitución de Rojas, Tavío emplazó a la consejera a que “deje de engañar a los canarios y diga a cerca de 4.300 familias en qué se ha desembolsado el dinero que el Ministerio de Fomento adelantó para rehabilitar barrios enteros, cuyas casas están cayéndose a pedazos”. Con suerte, enfatizó la también concejal en Santa Cruz mientras enseñaba pruebas gráficas, “lo único que hay es un cartel de obra”.

En el escrito entregado a Jerónimo Saavedra y Soledad Becerril, Cristina Tavío y Felipe Afonso exponen que, “de forma suscinta y al margen de controversias mediáticas”, los hechos denunciados “se sustancian en el presunto desvío de los fondos transferidos a la Comunidad Autónoma para actuaciones en 35 áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas [ARIS y ARUS] correspondientes a los planes estatales de vivienda de 2005-2008 y 2009-2012”.

Alrededor de 22.000 viviendas están afectadas, según sus cálculos, por este “anómalo funcionamiento de la Administración autonómica, que ha recibido por anticipado una cofinanciación que no ha invertido en la rehabilitación de estos hogares”.

A la espera de noticias de los despachos de Saavedra y Becerril, el PP remarca que “el daño directo causado a miles de familias y las consecuencias en la dinámica de estas deprimidas zonas urbanas requieren una urgente aclaración, el establecimiento de responsabilidades y la exigencia de que se ejecuten los proyectos comprometidos con la Administración autonómica, los cabildos y los ayuntamientos participantes” en estos acuerdos.

En tales circunstancias, Cristina Tavío se paró en la “tragedia” que este “feo asunto” supone para la maltrecha economía isleña. “Estamos hablando de unos 2.000 puestos de trabajo solo en el sector de la construcción”, argumentó con gestos de amargura y un tono de “indignación”.

Ante las “excusas” del Ejecutivo canario, Tavío y Alonso puntualizaron que si el convenio de 2013-16 aún está pendiente de ser rubricado es porque los precedentes “no se han justificado”.

Un día después de que el viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, arrojara una piedra contra la ministra Ana Pastor por “no contar la verdad” sobre los “50 millones de euros”, Cristina Tavío aseveró que “todas las intervenciones siguen vigentes” y que la financiación no corre peligro. “Su continuidad es competencia exclusiva de Inés Rojas”, remachó.

“Conociendo cómo se las gastan”, la vicesecretaria del PP regional hizo escombro la promesa de Paulino Rivero de incentivar la rehabilitación privada.