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El PP tacha de “enjuague” el borrador de la transparencia

   
Australia Navarro y Asier Antona. / DA

Australia Navarro y Asier Antona. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Ante un atril de cristal, Asier Antona y Australia Navarro llenaron ayer de tachones el borrador del anteproyecto de la ley canaria de transparencia. En la biblioteca del Parlamento, el Gobierno no se libró de las críticas de la oposición. El presidente y la portavoz del grupo popular calificaron de “enjuague político” el texto entregado en la Cámara el 21 de enero para un análisis previo a su tramitación formal.

Lo primero que ha llamado la atención del PP de este “copia y pega”, en palabras de Navarro, es que carece de un régimen sancionador, que la normativa básica nacional estructura en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, de gestión económico-presupuestaria y en lo disciplinario.
A diferencia del documento publicado el 10 de diciembre de 2013 por el Boletín Oficial del Estado (BOE), la futura ley regional limita su aplicación a la Administración autonómica, con lo cual quedan excluidos los cabildos y los ayuntamientos.

No obstante, al tratarse de disposiciones de rango superior, la transparencia de la actividad pública será efectiva en todos los niveles administrativos de España. También se extenderá por defecto a las sociedades mercantiles, a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. En el avance difundido por la Consejería de Presidencia se prevé que el articulado mencione a “las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 60.000 euros o cuando al menos el 30% del global de sus ingresos tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo lo 5.000 euros”. Eso le parece insuficiente al PP. “Un indulto”, apostilló Australia Navarro.
En opinión de los populares, semejante borrador, “carente de preámbulo”, es “una caricatura sin gracia que suprime los aspectos más relevantes tras un año de propaganda”. Desde su punto de vista, “para esto no hacía falta tanto ruido”. Frente a esa estrategia, el PP defenderá una transparencia sin sombras ni cortinillas en espacios reservados. Será “exigente” para que sea “tan ambiciosa” como la nacional.

Tampoco resulta del agrado del partido mayoritario que “se resucite” el órgano del Diputado del Común, al que se le atribuyen funciones de “comisionado de transparencia y acceso a la información”; ejercicio que desempeñará con “independencia, autonomía e inamovilidad”.

El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones estará sometido a la supervisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que podrá dictar “resoluciones en las que se establezcan las medidas necesarias para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan” (artículo 9).
El portal de transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, facilitará el libre acceso a toda la información. La versión canaria iba a ponerse en marcha en “febrero o marzo”, pero a fecha de hoy no existe certeza alguna de que se abra antes de mayo de 2015.

Sobre el Legislativo, que acaba de recibir un tirón de ojeras de Transparencia Internacional, Antona admitió que “se están dando pasos en la buena dirección” a través de la reforma del reglamento interno y celebró el “esfuerzo” que se está realizando en ese sentido.

Respuesta del Gobierno

En este escenario, el Ejecutivo se ha apresurado a responder al PP, después de que sus grupos (CC y PSOE) lo apremiaran en el último debate sobre la situación de la Comunidad Autónoma a presentar el anteproyecto.
“La nueva redacción incluye un régimen sancionador concreto y detallado”, resalta el departamento de Francisco Hernández Spínola. “Esta es una de las modificaciones derivadas de las sugerencias aportadas en el periodo de información pública”. No hablaron de ello Antona y Navarro, pero si se hubiera desarrollado la Ley de Participación, de 2010, ahora se podrían convocar consultas a la ciudadanía.