El PP veta en el Congreso la consulta de los sondeos

Torres, diputado del PP, ayer, durante su intervención en el Congreso./ DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La consulta popular solicitada por el Gobierno y el Parlamento canarios tendrá hoy su primer rechazo oficial. Ocurrirá en el Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Industria, el PP, con mayoría absoluta, votará en contra de la propuesta, promovida por Nueva Canarias, de instar al Gobierno estatal a permitir este referéndum.

Aunque la votación se aplazó hasta hoy, durante el debate de este punto, el PP dejó claro anoche que rechazará esta proposición no de ley, mientras que el PSOE votará a favor, después de que NC aceptara su enmienda para instar al Gobierno del Estado a solicitar la ratificación del pleno del Congreso. También la apoyará Izquierda Plural (coalición que agrupa a IU, IC-Verds y Chunta Aragonesista).

El parlamentario del PP Manuel Torres no se anduvo con ambages, al afirmar que esta consulta es una pretensión “sin base, ni competencia ni argumento jurídico alguno”, representa “una forma de hacer política cicatera, filibustera y poco seria” y “pretende seguir creando confusión y enfrentamiento entre los canarios”.

Aseguró que los sondeos no se harán “en aguas canarias” incluidas en la ley de esta materia aprobada durante el último mandato de Zapatero y señaló que el procedimiento está siendo “absolutamente claro y transparente” y con las garantías que exigen las leyes de hidrocarburos y de protección ambiental, “de las más avanzadas de Europa”.

En defensa de la iniciativa, el diputado de NC, Pedro Quevedo, opinó lo contrario: que la consulta tiene “plena cobertura legal”, pues se pide la autorización del Gobierno de España. Defendió la necesidad de este referéndum pues “un accidente afectaría ni más ni menos que al modo de vida y de desarrollo de Canarias” y porque sobre este proyecto “sólo ha habido información parcial, a cuenta gotas, a veces falsa y no contrastada”. “Está claro que si hay beneficios serán para Repsol y si hay perjuicios, solo para Canarias”, apostilló.

Quevedo aceptó la enmienda planteada por el diputado del PSOE Sebastián Franquis, de modo que el Gobierno central presente la solicitud del referéndum ante el pleno del Parlamento estatal, procedimiento, enfatizó, que es “absolutamente legal”. Franquis recordó que en 2001, cuando el Gobierno de Aznar autorizó los sondeos, sólo el PSOE y el Cabildo de Lanzarote los recurrieron, y el Supremo anuló los permisos, tras lo cual, en 2005, Zapatero los paralizó en tanto no hubiera acuerdo con las instituciones públicas del Archipiélago, hasta que los desbloqueó el Ejecutivo de Rajoy.
Por parte de Izquierda Plural, Jesús Yuste, aseveró que “no hay duda de que el pueblo canario masivamente diría que no a lo que el señor Soria le quiere imponer en sus aguas”.