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La residencia de mayores decide el viernes si cierra o no sus puertas

   
Familiares y miembros del patronato asistieron ayer al Pleno. / DA

Familiares y miembros del patronato asistieron ayer al Pleno. / DA

GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte

La residencia de mayores de Tacoronte Fundación Canaria Familia Quesada necesita 100.000 euros para poder seguir funcionando. Caso contrario, el sábado tiene que cerrar sus puertas. Pese a esta dura realidad, los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento no lograron ayer ponerse de acuerdo en un pleno extraordinario convocado justamente para encontrar una solución a este problema que puede ocasionar que 50 mayores se queden en la calle sin atención.

Después de dos recesos, el Pleno acordó celebrar una reunión mañana en la que estarán presentes la secretaria y la interventora municipal para aclarar dudas de procedimiento y el viernes se convocará un nuevo pleno extraordinario para decidir si se aprueba o no la subvención destinada al sostenimiento del asilo.

El alcalde, Álvaro Dávila, explicó ayer que la urgencia de este asunto requería una modificación presupuestaria de 170.000 euros, que también incluye partidas menores para la Fundación Alhóndiga, los convenios suscritos con Cáritas y Cruz Roja y para desarrollar diferentes actuaciones en el municipio en materia de agricultura, ganadería y pesca.
El portavoz de Sí se puede, Ángel Guanche, fue el primero en pedir que este punto se quedara sobre la mesa dado que todos los conceptos formaban parte del mismo expediente y su necesidad no estaba justificada con informes que avalaran una modificación en las cuentas.

En la misma línea se pronunció el concejal no adscrito (ex PSOE) y anterior alcalde del municipio, Rodolfo León, quien insistió en resolver el convenio con la fundación que estaba vencido, tal y como constaba en un informe de la interventora saliente, Natalia García, que lo denunció ante la Fiscalía Anticorrupción por diferentes motivos.

Con él coincidió la portavoz del Partido Popular (PP), Teresa Barroso, quien subrayó que el expediente “tenía irregularidades técnicas”. La principal concierne a la cláusula 1 en la que se establece que la cantidad de 200.000 euros consignada para la fundación se incluía en los presupuestos de 2012 y 2013 y, por lo tanto, solicitó que se cambiara la fecha dado que estaba limitada a esos años.

Dávila confesó que no conocía el informe de la interventora y le llamó la atención que lo hiciera días antes de marcharse del Ayuntamiento. En cualquier caso, defendió la postura del grupo de Gobierno (CC) y explicó que lo que pretendía la oposición requería tiempo y además, era innecesario ya que existe otra cláusula que establece que si el convenio no es denunciado por ninguna de las partes “se prorroga automáticamente”.

En declaraciones posteriores a la sesión plenaria, el regidor nacionalista aseguró que no iba a modificar la cláusula 1 por el tiempo que eso conllevaba mientras que la oposición por su lado dejó claro que en caso de ser así no aprobará la partida destinada al centro de mayores pese a las consecuencias.

Debido a la incertidumbre de este asunto, Dávila le solicitó a Pérez Lara que convocara una reunión del patronato el viernes por la noche para tomar una decisión en caso de que el Pleno no aprobara por la mañana la modificación que permite hacer efectiva la subvención.

“Si la subvención no llega, hay que cerrar”

El director de la Fundación Canaria Familia Quesada Sánchez, Eliseo Pérez Lara, presente ayer en la sesión plenaria del Ayuntamiento, confesó que está “muy preocupado” por el futuro del centro, ya que si la subvención no llega esta misma semana tienen que “cerrar porque no hay dinero”. Hasta el momento han podido aguantar gracias al cobro de unas ayudas de la ley de dependencia, pero la fundación tiene que afrontar un gasto mensual mínimo de 18.000 euros que actualmente le resulta imposible y los recursos que genera con comidas y rifas tampoco son suficientes. El viernes es el día límite que tiene el patronato para decidir si cierra o no el geriátrico. Entre otras cosas, porque sus nueve miembros entre los que están el alcalde, Álvaro Dávila, que es el presidente, el párroco del Santuario del Cristo, el director y el tesorero de la fundación, además de cinco vocales, deben responder con su patrimonio personal y no están dispuestos a ello.