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Seguridad ciudadana – Por Agustín Casanova*

   

Hace días conocíamos la noticia de que dos personas habían muerto en detenciones practicadas por Mossos d’Esquadra. Meses antes otro empresario fallecía en una detención practicada por el mismo cuerpo. Informes de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, de los años 2012 y 2013, documentados con una recopilación de denuncias, por torturas, violencia institucional, brutalidad policial, malos tratos, inhumanos, crueles y degradantes muestran unas llamativas cifras. Pero sin duda, las más alarmantes es la de muertes bajo custodia, policial, en prisiones, o durante operaciones policiales, siendo 66 y 43 los fallecidos, respectivamente.

Debemos tener en cuenta que la Constitución Española, en su artículo 104, encomienda a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, regula el uso legítimo de la fuerza y la violencia, cuyo monopolio ostenta el Estado, en base a unos principios básicos de actuación, que en lo referente al uso de la violencia obliga a actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Cierto es que la labor encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentra en una conflictiva frontera entre las libertades y la seguridad, por ello es frecuente que se traspase esa frontera en un sentido u otro. Si es el ciudadano el que traspasa esa frontera, caerá sobre el todo el peso de la Ley, no obstante si la invasión es en el otro sentido, estaríamos ante un abuso o coacción policial, y para el ciudadano será muy difícil demostrar este extremo, y que en consecuencia, resarzan sus derechos vulnerados y responda por ellos el culpable.

Ante esta situación, el Gobierno del Partido Popular plantea su anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, donde sancionará, administrativamente, con multas, que en época de crisis son absolutamente desmesuradas, hechos tales como: ofensas o ultrajes a España; la grabación en vídeo de agentes; la pérdida de DNI tres veces en cinco años, e incluso la falta de respeto a las instituciones, autoridades (entiéndase políticos), agentes y funcionarios. Y como era de esperar en este anteproyecto, absolutamente represivo, cuya finalidad no es otra que evitar la contestación social de la ciudadanía contra sus políticas, bajo multas confiscatorias, nada se dice de la seguridad y el derecho de un ciudadano que recibe un porrazo por parte de un agente cuando se dirige a su domicilio, o cuando muere en una detención.

*ABOGADO
abogado.casanova@hotmail.com