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Sí cumplen los ayuntamientos – Por Juan Manuel Bethencourt

   

El Gobierno central, a través de su ministro Cristóbal Montoro, saca pecho por, dice el responsable de Hacienda, haber cumplido con el objetivo de déficit público fijado por la Unión Europea para España en 2013. Bueno, en realidad esto no es así, porque el déficit estimado por el Ejecutivo asciende al 6,62% del PIB, es decir, una décima por encima del tope establecido. En fin, podríamos detenernos en esta disquisición metafísica sobre las palabras de Montoro, quisquilloso cuando era oposición, mucho más laxo ahora que carga con la cruz de dirigir la Hacienda estatal. Pero vamos a centrarnos no tanto en si se cumple, sino en quién cumple. Porque, claro, el citado guarismo se obtiene a partir del comportamiento de las distintas administraciones públicas en función del cometido fijado por las autoridades de Bruselas; eso que algunos, erróneamente, llaman austeridad, aunque poco tiene que ver con los principios virtuosos que definen a tal vocablo. Una vez metidos en faena, salta a la vista un dato: la Administración del Estado es la que peor hace la tarea. El Gobierno central registró un déficit del 4,5%, frente al objetivo del 3,8%. Es, además, la única administración que empeora sus cifras respecto al año anterior. Sin embargo, la Seguridad Social presentó un desfase del 1%, cuando la meta era del 1,4%. Y, oh gran sorpresa, los ayuntamientos han registrado un superávit del 0,41% del PIB, es decir, el doble del año pasado. Las comunidades autónomas, por su parte, cerraron 2013 con un déficit del 1,54%, dos décimas por encima de su meta (1,3%), pero tres menos que en 2012. ¿Este baile de números qué quiere decir? Pues que los municipios, en circunstancias muy difíciles, por la sencilla razón de que dan la cara ante sus vecinos, se toman el rigor fiscal con mucha más seriedad que sus propios vigilantes del Ministerio de Hacienda, tan aficionados ellos a manosear la autonomía municipal por la vía del BOE. Y, claro, si esto es así hay más argumentos para oponerse a una nueva legislación básica del ámbito municipal que impone un recorte brutal e indiscriminado a los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, y que, si son extinguidos, nadie va a cubrir. La nueva Ley de Bases del Régimen Local no ha sido creada para optimizar, sino para recortar asignaciones públicas con cara y ojos en aras de cumplir con unos objetivos de déficit público que luego es el Gobierno central del PP el primero en estropear. La tijera de Montoro debería empezar por él mismo, pero eso supondría aligerar su discurso de estulticia y pensar un poco más en los ciudadanos y su percepción de esta crisis: todo para los bancos, muy poco para el hombre corriente.