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Transparencia – Por Leopoldo Fernández

   

La plataforma digital Mapa Infoparticipa acaba de dar a conocer un estudio de investigación, realizado por la Universidad de La Laguna, según el cual los ayuntamientos canarios de más de 20.000 habitantes, salvo seis -y todos ellos con nota baja-, suspenden en transparencia informativa, estudiada ésta a través de sus páginas web. Por no difundir, la mayoría de los ayuntamientos ni siquiera trasladan a la ciudadanía las actas de los plenos municipales. Renuncian así a publicitar sus actividades públicas con lo que al tiempo impiden el derecho de los vecinos a un fácil y obligado acceso a la información corporativa. Teniendo en cuenta que son las propias corporaciones las que vienen obligadas a poner en conocimiento de sus ciudadanos la gestión que en su nombre realizan, resulta incomprensible la inacción cuando no el deliberado ocultamiento de los acuerdos de los distintos órganos de la administración municipal, el presupuesto, los salarios de los cargos electos, el calendario de plenos y el orden del día de los mismos, las iniciativas de la oposición, la agenda de actividades, biografías y correos electrónicos de alcalde y concejales, contrataciones administrativas, obras en curso o en proyecto inmediato, quejas y sugerencias, etc.

La citada plataforma llega a la conclusión de que ninguna página web de las 28 corporaciones analizadas cumple con al menos el 70% de los 41 indicadores básicos que utiliza para evaluar la administración electrónica de que disponen los ayuntamientos para comunicar a sus vecinos los frutos de su gestión. Otras cinco corporaciones cumplen con la la mitad de los indicadores y los 17 restantes atienden entre el 25 y el 49%. Las Palmas, Santa Cruz, La Laguna, Telde y Arona figuran ente los ayuntamientos más cumplidores y, por el contrario, San Bartolomé de Tirajana, Granadilla y Puerto de la Cruz se hallan en el polo opuesto. Como se indicó en la presentación de este estudio, es el sentido de la responsabilidad personal el determinante básico de la transparencia. Ni la Ley de Transparencia estatal, aprobada en diciembre de 2013, ni la que prepara el gobierno canario -que aporta pocas novedades en su último borrador, entregado ayer a los grupos parlamentarios- me temo que van a servir para modificar los malos hábitos de nuestros gobernantes, que aceptan de mala gana las normas de transparencia y buen gobierno propias de la democracia. Ahí está la descalificación que ha sufrido el mismísimo parlamento autonómico, que ni se inmuta cuando se le reclaman detalles y pormenores sobre los diferentes conceptos retributivos de los diputados regionales y se critica el excesivo número de liberados, a la vista de las tareas que efectúa la cámara legislativa.