Turismo vaticano – Por Francisco Pomares

Habemus santo. Un santo liminarmente tinerfeño, nacido en La Laguna en 1534, pero autoexiliado de las islas cuando aún era un niño, para no volver nunca. Un santo es siempre un santo, y comprendo a esos creyentes que han acudido al fasto vaticano. Dos centenares de fervorosos ciudadanos tinerfeños, pagándoselo de su bolsillo, han decidido peregrinar a Roma a ver nacer la santidad. Y me parece muy requetebién. También me parece bien, faltaría más, que hayan ido para allá los representantes de la jerarquía católica.

Y me da igual si se han pagado el viaje a escote o se los ha pagado la comunidad de los fieles. Es su propia fiesta, y son sus propias cuentas. Un asunto de ellos. Lo que no me parece en absoluto de recibo es lo de esa banda de los cuatro que ha decidido personarse en los oficios con cargo al dinero que pagamos todos, católicos, evangélicos, musulmanes, agnósticos y ateos. Me refiero al presidente del Gobierno, al del Parlamento, al del Cabildo de Tenerife y al alcalde de La Laguna, que están por Roma haciendo turismo a cargo de nuestros impuestos, con la excusa de la canonización del brasileño Anchieta. ¿Es eso posible? Pues sí: España no es un estado laico, al contrario de lo que suele decirse. Un estado laico es Francia. En Francia no se persigue a nadie por tener las creencias religiosas que quiera, pero el Estado ni las financia, ni las protege especialmente, ni privilegia a unas creencias sobre otras, ni paga los viajes de turismo religioso de sus políticos. Pagar con dinero público la excursión vaticana de nuestra banda y sus acompañantes sería en Francia un delito grave de malversación de causales públicos. En España no lo es: España es aconfesional, pero de una aconfesionalidad un tanto extraña: en España un funeral de Estado es un funeral oficiado por un obispo, en el que el obispo se permite hacer política desde el púlpito. En los colegios de España, las clases de religión (de religión católica) van y vienen por las leyes educativas según quien gobierne. El sesenta por ciento de los matrimonios que se celebraron el pasado año en España fueron matrimonios civiles, pero el ochenta por ciento de la población se sigue definiendo como católica, y el Estado facilita la financiación de la Iglesia desde la misma declaración de la renta. La aconfesionalidad constitucional de España es muy laxa y supone estar en una amplísima tierra de nadie entre la laicidad y el nacional catolicismo. Eso permite algunos excesos, como esta innecesaria procesión de cargos públicos. Pero conviene mantener las formas: alguien debería proponer en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo y en La Laguna que cada uno de los peregrinos se pague sus propio viaje.