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El último, que apague la luz… – Por Francisco Pomares

   

José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y en los ratos libres miembro del Consejo del Ente Público Radio Televisión Canaria (desde hace seis años), anunció ayer su decisión de dimitir de su puesto en el Consejo, dejando vacante otro puesto más en el Consejo. Y van tres. En realidad, la novedad no lo es tanto: el alcalde dejó de asistir regularmente a las reuniones del Consejo desde que ocupa la alcaldía, delegando su voto en Willy García. De esa forma, el alcalde se mojaba y guardaba la ropa al mismo tiempo: por un lado mantenía con su voto delegado la actual situación en el Ente, y por otro se libraba del compromiso personal de emitirlo, con lo que siempre podrá decir que el no es responsable de las decisiones que se han tomado en la tele, porque no estuvo allí para votar. Por desgracia, esa cuidada estratagema ya no sirve: dos dictámenes jurídicos, el del bufete Iuriscan, y el del abogado del Ente, Martín Orozco, han declarado invalidas las decisiones adoptadas por el consejo. Según ambos dictámenes, Willy habría asumido ilegalmente la representación del voto de los miembros del consejo que delegaron en él, salvando con esos votos y con el suyo mismo su propia reprobación o la aprobación de los presupuestos. Esa fue la tónica hasta el martes de la pasada semana, en la que Willy no fue capaz de hacer aprobar el orden del día, ante la negativa de los propios consejeros de Coalición Canaria a caer en una prevaricación manifiesta. Que es la que lleva ahora a Bermúdez a dar portazo. La continuidad de Willy García al frente de la tele, administrando casi cuarenta millones de euros sin ningún tipo de control, es un dislate, un capricho insostenible del presidente Rivero, que -vaya usted a saber porqué- ha ligado la suerte de Willy a la suya propia. Gracias a ese apoyo sin fisuras, la impunidad de Willy es absoluta: aún no ha aprobado las normas que regularan la presencia de los partidos en la próxima campaña electoral de las europeas, incumpliendo los plazos e las instrucciones de la Junta Electoral; le da igual lo que diga la Audiencia de Cuentas sobre las irregularidades detectadas en la administración de la tele; o la reprobación del Parlamento, tras la que debería haber dimitido de su cargo; se pasa por el arco de triunfo los dictámenes jurídicos que él mismo encarga; insulta y amenaza a diputados en sede parlamentaria; contrata como se le antoja e incumple sistemáticamente las leyes. Ni los suyos le apoyan. Por eso se van. El último en dejar el consejo que apague la luz.