Los vecinos arremeten contra Aqualia y exigen ser indemnizados

Uno de los portavoces de la plataforma le exigió al Pleno que solucione el problema de 14.000 vecinos. | DA

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

Un grupo de vecinos afectados por el problema del agua, que llevan dos meses sin poder utilizarla para beber ni preparar alimentos por el exceso de turbidez, arremetieron ayer contra Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, y el Gobierno local (CC-PP), a los que les manifestaron su “indignación” por la forma en la que habían gestionado el problema y pidieron ser indemnizados ante la falta de soluciones.

Así lo expuso ante el Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz Salvatore Cibelli, uno de los portavoces de la plataforma ciudadana Afectados por Aqualia. Cibelli calificó de “tomadura de pelo” y de “vergüenza” que la única sanción propuesta para la empresa sea de 12.000 euros, cuando en otros municipios de la Isla, como Candelaria, se rescató la concesión del servicio “por motivos menos graves”.

También acusó de “irresponsables” al actual Gobierno municipal y a los anteriores a la hora de controlar la gestión técnica y administrativa de la empresa y velar por el patrimonio hídrico “de todos los portuenses”.
Cibelli aseguró que a los afectados “no les ha quedado otra opción” que emprender acciones legales y administrativas a través de Facua, y consideró que no deberían pagar la factura del agua desde el 28 de febrero, fecha en la que se inició todo el problema. Asimismo, solicitó que se realice “ya” una auditoría externa para conocer el estado de la red, que se celebre un encuentro entre las diferentes administraciones implicadas para informar a la población y consensuar un procedimiento de acción para afrontar la restricción que soportan, y que se cree una oficina de afectados desde la concejalía de Consumo para tramitar las reclamaciones por daños y perjuicios.

El alcalde, Marcos Brito, subrayó que “por encima de las cuestiones económicas” su objetivo era solucionar el problema y recalcó que los últimos análisis indican que el agua “cumple los parámetros establecidos”.

El portavoz del grupo Mixto (VxP-IUC), Jaime Coello, opinó que las palabras del alcalde “eran profundamente irresponsables” ya que podría llevar a que los vecinos consuman el líquido elemento y le sugirió que esperara a que Salud Pública levantara la restricción “cuando lo creyera oportuno”, una afirmación que suscitó un gran aplauso por parte del público. “Esto no es la calle”, dijo Marcos Brito y pidió a los presentes que tuvieran paciencia pero estos le contestaron que llevaban “dos años teniéndola”. También recordó otra vez que el 25 de abril de 1991 había votado en contra del pliego de concesiones y por eso dijo que “de aquellos polvos, estos lodos”, pero ello derivó en abucheos por parte de los vecinos afectados.

El concejal de Concesiones Administrativas, Lope Afonso, fue el responsable de defender y resumir todas las acciones realizadas hasta el momento para solucionar el problema y negar, una vez más, que exista connivencia entre el grupo de Gobierno y Aqualia. “Me parece irresponsable decir que durante dos años desde el Gobierno no se ha hecho nada”, declaró. Pero el público tampoco tardó en reaccionar: “Sí, es verdad”, manifestaron algunos de los presentes.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Guillermo Pérez Pastor, sostuvo que los pasos dados “habían sido tardíos” y mientras tanto, se perdió un “tiempo precioso” ya que el informe del Consejo Consultivo de Canarias confirmó una sospecha que se tenía desde hacía mucho tiempo: que los filtros y el arreglo del depósito de La Vera debía costearlos la empresa Aqualia.