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A vueltas con el REF (y II) – Por José Miguel González Hernández

   

La semana pasada enumeramos los antecedentes históricos concretos con la finalidad de elevar a prioritario el uso y conocimiento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).

De igual forma, se conformó la justificación de su espíritu compensador en torno a las características estructurales. Escribimos nuestros más dulces deseos para por la norma y supusimos que todos nuestros anhelos se iban a satisfacer. Pero finalizamos con una pregunta crucial: y ahora que lo tenemos, ¿hay obligación en lo que su cumplimiento se refiere? Porque hasta ahora no ha sido así.
Año tras año, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se decide modificar no sólo las cuantías sino la propia intención de la norma. Pero ¿no habíamos quedado que era la más importante que tenemos? ¿Por qué esta falta reiterada? Porque la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias no proporcionan un mecanismo estable de garantía.
Por ello, independientemente de apostar por consolidar la estructura económica y social del Archipiélago hacia una disminución sustancial de la dependencia y la vulnerabilidad, hay que dotar al REF del máximo nivel de protección en el ordenamiento jurídico español y europeo.

Además, el efecto adicional es que el REF podrá evolucionar con mayor solvencia en función de las necesidades de la sociedad canaria, para adaptarla y adaptarla a las nuevas realidades. Con este procedimiento se aprovecharía que la norma no fuera de influencia exclusiva, debido a que el debate debe estar abierto porque existe una renuncia a la recaudación impositiva y, por ende, al mejor o mayor suministro de bienes y servicios públicos ofrecidos por los diferentes niveles de la Administración pública. Por ello debe ser devuelta de forma ineludible a la sociedad.

Marco legislativo

Es innegable que la mejor prensa que se le puede dar al marco institucional y legislativo es que sirva, no para justificar una situación, sino para mejorar las deficiencias de nuestra economía, a través de una menor temporalidad laboral, de fomentar una baja proporción de reducidos salarios, de apostar por sectores productivos con alta productividad y valor añadido, de fomentar la competitividad. En definitiva, que genere una tasa de paro acorde con una región con futuro y no un lugar con lastres del pasado. Todo ello debe estar aderezado a través de la socialización de los beneficios fiscales y económicos.

Está claro que Canarias tiene dificultades naturales para integrarse plenamente en el mercado único. Sin embargo, su localización geográfica es, al mismo tiempo, una de sus mejores bazas de futuro.

Asimismo es frontera y, como tal, expande el territorio de la UE. Por ello, hay que apostar por fortalecer la capacidad de inserción en su entorno geográfico junto a una mejor integración en el mercado interior. Todo ello mediante la adaptación especialmente en materia de accesibilidad física, económica y tecnológica. Se trata de dar relevancia al entorno institucional como condicionante primordial se la estructura económica y social de Canarias.

Bloque de incentivos

La norma será un bloque de incentivos fiscales y económicos, de tal modo que genere decisiones inversoras, dinamice la localización de actividades en el Archipiélago y responda socialmente a los beneficios que para todos conlleva la modernización del aparato productivo y comercial, por lo que hay que minimizar los costes de cumplimiento y coordinación entre contribuyentes y administraciones.
De igual modo, hay que apostar decididamente por la potenciación de la inserción en los entornos exteriores de la economía española, con una sólida vertebración del mercado regional.
Será de esa forma como Canarias pueda convertirse en un atractivo territorial capaz de compensar aspectos negativos de la insularidad económica y su lejanía. Lo otro son discusiones inocuas, más fruto del simbolismo y la mediocridad y que no hacen sino alimentar el alejamiento y la confianza de la ciudadanía frente a sus instituciones, separando la solución del problema.

*ECONOMISTA