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Apagón televisivo – Por Leopoldo Fernández

   

Si no se produce una sorpresa de última hora, nueve canales de televisión, cuyas emisiones se iniciaron hace cuatro años, deberán apagar hoy sus respectivas señales en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que los considera ilegales, tal y como reclamaba la empresa Infraestructuras y Gestión 2002, que ya ha logrado la anulación de varias licencias en la TDT catalana. Otros ocho canales otorgados en idénticas circunstancias están pendientes de resolución judicial, tras la denuncia presentada por la misma firma. La razón de tal ilegalidad fue la concesión por el Gobierno de Zapatero -en 2010, en pleno tránsito del sistema analógico al digital- de las correspondientes licencias sin el obligado concurso público, conforme establece la Ley Audiovisual vigente. Las empresas más afectadas son Atresmedia, que deberá cerrar LaSexta 3, Nitro y Xplora, y Mediaset, que ha de liquidar LaSiete y Canal 9. Resulta inconcebible que, por un error clamoroso del Gobierno de turno, las empresas beneficiadas por la concesión deban cerrar ahora los canales, tras haber realizado fuertes inversiones -tanto en medios materiales como humanos- para su puesta en marcha. Con esta medida -que evidencia una gravísima inseguridad jurídica de posibles consecuencias indemnizatorias-, perderán todos los sectores relacionados con los mundos cinematográfico y del espectáculo, la publicidad y los distribuidores de señal, además de los ciudadanos en general, que verán reducida la oferta de programación de la TDT en más de un 35%.

Pese a los reiterados intentos en favor de una salida pactada, el Ejecutivo de Rajoy se ha agarrado a la sentencia como a un clavo ardiendo, dando así al traste con cualquier solución amistosa. Algunos rumores hablan de gran interés de las compañías de telecomunicaciones, que serían las grandes beneficiadas por la liberación del espectro radioeléctrico de la frecuencia de 800 megahercios, en la que operan las emisoras televisivas que hoy deben cerrar, y que es la preferida para la nueva red de alta velocidad conocida como 4G; una red que debe estar lista para enero del próximo año, según compromiso gubernamental. Los operadores privados de televisión agrupados en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto han recurrido en amparo al Tribunal Constitucional por considerar lo ocurrido como un atropello, agravado por la inacción del propio Gobierno, al que se van a enfrentar de todas, todas. De momento, no se ve salida, aparte de la próxima convocatoria de un concurso público, para el reparto de nuevos canales. El mejor reparto será seguramente -suele ocurrir- para los amigos del Gobierno porque las cacicadas corruptas siguen a la orden del día. En Canarias, también.