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Calidad democrática y desarrollo

   
Pleno del Congreso de los Diputados

Imagen de archivo de una sesión celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid. | DA

DAVID PADRÓN MARRERO* | Santa Cruz de Tenerife

Actualmente se encuentra ampliamente extendido el convencimiento de que la democracia es el sistema político con mayor potencial de justicia social y de participación popular. La general aceptación de esta idea tiene su reflejo en el hecho de que la democracia es hoy en día la forma más extendida de organizar la vida en sociedad.

Algunos conciben la democracia como un fin en sí misma, al entender que se trata de un sistema político que garantiza las libertades políticas, entre las que se incluyen la posibilidad de la ciudadanía de poder debatir y participar activamente en las decisiones públicas. De esta manera, la democracia contribuye al desarrollo de la sociedad en un sentido amplio, actuando como sostén de las libertades fundamentales de la ciudadanía. Otros entienden que la importancia de la democracia radica en que ésta es un instrumento para alcanzar otros fines socialmente deseables, como mayores cotas de desarrollo económico y bienestar, luchar contra la pobreza o proteger los derechos humanos.

Independientemente del enfoque que adoptemos, ya sea el estrecho (la democracia como instrumento), ya sea el amplio (la democracia como fin en sí mismo), lo cierto es que la materialización de estas potencialidades requiere de una adecuada instrumentación y funcionamiento. Los regímenes democráticos difieren entre países, regiones y sociedades, rindiendo distintos resultados y niveles de satisfacción entre su ciudadanía. Más aún, en el transcurso de los últimos lustros, hemos asistido a un creciente malestar e insatisfacción ciudadana en muchos países con sus respectivos sistemas políticos democráticos. La prolongada crisis económica que vivimos desde 2008 se ha encargado de poner al descubierto multitud de disfuncionalidades y abusos, motivando numerosos movimientos de protesta que reclaman una mejor calidad de la democracia.

España, por supuesto, no ha permanecido al margen de esta creciente desafección ciudadana. De hecho, son muchos los estudios que señalan a nuestro país como uno en los que la salud del sistema democrático se encuentra más deteriorada en el seno de las economías avanzadas, enfatizando los graves problemas de corrupción y falta de transparencia que padece, así como las injerencias políticas en la justicia, y, en general, el elevado grado de descontento y desconfianza de la ciudadanía en su clase política. Canarias también ha experimentado esta progresiva pérdida de legitimidad de lo público. De hecho, son muchas las evidencias que, como las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), apuntan a que el deterioro de los estándares de calidad democrática ha sido más intenso en nuestra región. Esa es, al menos, la percepción de su población.

Ante este sentimiento generalizado de empobrecimiento democrático, no son pocos los representantes políticos que apelan a los resultados de las urnas para tratar de legitimar cualquier acción, incluso si ésta es ajena, cuando no totalmente contraria, a la opinión pública. Cuando la ciudadanía muestra su insatisfacción con el estado de salud de la democracia, se apresuran a recordar que han sido elegidos democráticamente, que son representantes electos, haciendo suya la célebre frase del que fuese del primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, que reza que “la democracia es el peor sistema político a excepción de todos los demás”. Ante este adelgazamiento de contenido a niveles casi anoréxicos, conviene precisar el verdadero alcance de la democracia. No se trata, en absoluto, de una tarea sencilla, a pesar de ser un concepto sobre el que se ha debatido ampliamente. Como punto de partida, puede resultar útil comenzar señalando sus tres dimensiones básicas: la democracia como sistema político, la democracia como principio legitimador y la democracia como ideal.

Desde el ámbito de los partidos políticos, al menos en España, suele haber una preferencia por la primera dimensión: la democracia como sistema político, en la que el ejercicio del poder se transmite por medio de mecanismos representativos. Este énfasis desmedido en la democracia representativa, al negar las otras dos dimensiones, supone una clara expropiación de la soberanía popular. Pero, por si fuese poco, incluso el alcance de lo que realmente es una democracia representativa es sometido a un proceso de vaciamiento de contenido, al interpretarse en términos electorales exclusivamente.

Desconocimiento o deseo
Desconozco si obedece al desconocimiento o a un deseo de ocultación intencionado, pero lo cierto es que, cuando nuestros representantes políticos apelan al resultado que emana de las urnas para tratar de legitimar sus actuaciones, nunca advierten que una verdadera democracia representativa se fundamenta, entre otros pilares, en las libertades civiles. De lo contrario, la ciudadanía no tendrá la capacidad de formular libremente sus preferencias políticas y elegir a sus gobernantes.

El concepto de libertad, conviene aclararlo, tiene dos dimensiones, una negativa (no estar sujeto a coacciones o interferencias externas que limiten las decisiones privadas) y otra positiva (disponer de capacidades para la realización personal y la participación pública). Esta segunda acepción impone que la ciudadanía debe disponer de toda la información relevante a la hora de ejercer su derecho a elegir, esto es, que los poderes públicos pongan a disposición de la población información veraz y entendible. En caso contrario, no puede hablarse de una verdadera democracia representativa.

Esta última consideración se relaciona con la segunda dimensión de la democracia, a saber: la democracia como principio legitimador, que pone el acento en la idea de que el poder emana del pueblo. Esta dimensión suele obviarse, o es interpretada de manera errónea. Es cierto que en una democracia participativa el poder está legitimado por la ciudadanía a través de elecciones libres. Sin embargo, no es éste su único rasgo definitorio. En ella el pueblo, además de legitimar el poder, lo condiciona y tiene capacidad de revocación. Más aún, el carácter participativo no se limita a la celebración cada cierto número de años de elecciones. La base del proceso de toma de decisiones se sustenta en consensos verificados, no presuntos, del sentir de la ciudadanía (Sartori, 1987).

“Para participar, la gente debe tener la certeza, verificada constantemente, de que entre su participación y su abstención hay una diferencia. Y esto sólo es posible si se trata de participar en la toma de decisiones efectivas, que afectan a sus vidas” (Castoriadis, 2006; p. 230). “La democracia no es el voto relativo a cuestiones secundarias, ni la designación de personas que decidirán por ellas mismas, fuera de cualquier control efectivo, sobre las cuestiones esenciales […]; no consiste tampoco en llamar a las personas a pronunciarse sobre cuestiones incomprensibles o que carecen de sentido para ellas. El dominio real es el poder de decidir por sí mismo sobre cuestiones esenciales y hacerlo con conocimiento de causa […]; la conclusión que se desprende no es confiar el poder a una casta de burócratas incompetentes e incontrolables, sino la de transformar la realidad social, de forma que los datos esenciales y los problemas fundamentales sean asequibles para los individuos, y que éstos puedan decidir con conocimiento de causa” (Castoriadis, 2007; p. 11).

Democracia como ideal
Junto a los conceptos de democracia representativa y democracia participativa, nos encontramos con la democracia como ideal, definida en cuanto a los fines que debe perseguir. La democracia, tal y como la conocemos, no coincide con la democracia como debería ser, como ideal.
Aunque muchos estudiosos consideran fundamental definir la calidad de un gobierno democrático en términos del grado de cumplimiento de los propósitos u objetivos que se supone éste debería alcanzar, lo cierto es que esta tarea no está exenta de dificultades. El carácter idealista de estos objetivos dificulta la confección de una lista de fines de manera precisa, consensuada o unívoca. Son muchos los objetivos susceptibles de ser considerados, pudiendo variar la relación de un autor a otro.

Esta dificultad a la hora de establecer el marco de referencia para valorar la calidad de una democracia ha llevado a muchos analistas a optar por una definición de tipo procedimental. El acento se pone en los atributos que deben reunir los procedimientos democráticos, en los criterios esenciales de un orden político democrático (democracia formal). Estos elementos formales suelen ser completados con otros atributos que dan cuenta de la democracia real, esto es, de lo que perciben y viven los ciudadanos.

Desde esta perspectiva procedimental, cinco son los aspectos básicos normalmente considerados a la hora de valorar la calidad de una democracia:

1) Derechos políticos y libertades civiles, para que la ciudadanía pueda formular libremente sus preferencias políticas y elegir a sus gobernantes. En el ámbito de las libertades, se incluye que la ciudadanía disponga de toda la información relevante, que debe ser facilitada por los poderes públicos de forma veraz y entendible.

2) Participación, pues sin ella los gobernantes no podrán identificar correctamente las preferencias de la ciudadanía. Este principio, consagrado en la Constitución española, vincula la calidad democrática con el ejercicio de la construcción de una razón pública. Los gobernantes deben promover y facilitar la participación informada de todos los ciudadanos.

3) Capacidad de respuesta, que vinculamos con la actitud o voluntad de los gobernantes de facilitar la construcción de una razón pública, identificarla y procurar cumplir con lo que ésta dictamine. Aunque esta actitud se ve condicionada por múltiples factores, uno de gran impacto es la forma en que se financian los partidos. Mientras el dinero controle la política, será imposible contar con un debate público de verdad sobre los asuntos relevantes. Tal y como reza esa máxima de la política pública, quiénes negocian y cómo negocian determinan el qué se negocia, así como qué resultados se van a obtener, es decir, quienes serán los beneficiados. Parafraseando al escritor estadounidense Upton Beall Sinclair, “resulta muy difícil que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda”.

4) Rendición de cuentas o responsabilidad, para poner límite a los abusos de poder. Los gobernantes están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía por su forma de ejercer la autoridad que les fue conferida. Son dos las dimensiones básicas que integran la rendición de cuentas en el ámbito político: la obligación de gobernantes y funcionarios de informar y justificar sus decisiones y actuaciones, y la capacidad para hacer cumplir la ley e imponer sanciones a los gobernantes y funcionarios públicos que atenten contra la regulación existente o que incumplan su mandato.

5) Estado de derecho o legalidad, pues la calidad de una democracia depende de la existencia de un sistema legal que haga efectivos los derechos políticos, las libertades civiles y los mecanismos de rendición de cuentas. Una democracia de calidad ha de garantizar un elevado grado de cumplimiento de los ordenamientos normativos. Este ejercicio debe realizarlo con elevados niveles de universalidad, igualdad y transparencia.

Apoyándonos en las precisiones anteriores, a nadie se le escapa que, efectivamente, el estado de salud de nuestra democracia se encuentra muy deteriorado. Ni siquiera podemos hablar con propiedad de un sistema político democrático representativo, al incumplirse algunos de sus fundamentos esenciales. Mucho menos de una democracia participativa. Y el alejamiento de nuestro actual sistema político de las dimensiones esenciales de la democracia como ideal es más que evidente.

Esta merma de los estándares democráticos debería constituir, en sí mismo, un aspecto de enorme preocupación, en tanto que supone la expropiación de la voz y voluntad populares. Tal y como apuntase el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, en su libro Desarrollo y libertad, el desarrollo consiste en un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. Entre estas libertades fundamentales se encuentran las libertades políticas, que incluyen la posibilidad de la ciudadanía de poder debatir y participar activamente en las decisiones públicas. Todo lo que atente contra estas libertades básicas supone una merma de la calidad democrática y, por esta vía, un deterioro de los estándares de desarrollo.

Concepción más estrecha
Pero incluso para aquellos con una concepción más estrecha de desarrollo, ligada exclusivamente al aumento de la producción, la renta y otros indicadores vinculados al bienestar material, el deterioro de las instituciones democráticas debe ser motivo de alarma. El propio Amartya Sen señala que el desarrollo económico depende en gran medida del desarrollo y respeto de las libertades fundamentales, incluidas las políticas. De la calidad democrática depende la calidad del marco institucional, esto es, de las reglas de juego que modulan y guían nuestro comportamiento. Un sistema político democrático de calidad conduce a un entramado institucional inclusivo, favorable al crecimiento y mejoras generalizadas del bienestar. Por el contrario, el deterioro de los estándares democráticos conduce al predominio de instituciones extractivas, contrarias al interés general y que responden a los intereses particulares de las élites dominantes.

Si la democracia es el sistema político con un mayor potencial de justicia social y de participación popular, y éstas constituyen pilares fundamentales del crecimiento a largo plazo y del bienestar de las regiones, la ciudadanía, en su afán por construir una sociedad más justa y próspera, ¿no debería plantarse de una vez y reclamar, como primera gran reforma, la regeneración democrática?

*PROFESOR CONTRATADO Y DOCTOR. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA Y MÉTODOS
CUANTITATIVOS EN LA ULL