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Canarias recuerda a Justicia que el ámbito provincial no vale en las Islas

   
El consejero canario de Justicia, Francisco Hernández Spínola, ayer. | DA

El consejero canario de Justicia, Francisco Hernández Spínola, ayer. | DA

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, Francisco Hernández Spínola, anunció ayer en Fuerteventura que el Ejecutivo autonómico ha remitido al central un informe con sus consideraciones acerca de la reforma del Poder Judicial. Entre los contenidos adelantados por el dirigente socialista con motivo de la inauguración del X Congreso del Consejo Canario de Procuradores destaca la conformidad con los llamados Tribunales de Instancia a la par que se recuerda a Madrid que la prevista circunscripción provincial es “incompatible con el hecho insular”.

En lo que se refiere a la estructura de la oficina judicial, a partir del nuevo modelo organizativo que constituyen los Tribunales de Instancia, Canarias propone la constitución de “unidades centralizadas de apoyo directo a la actividad judicial, fomentando en su organización interna, en su caso, la especialidad funcional”, explicó Hernández Spínola.

Asimismo, el Gobierno de Canarias estima necesario que la aprobación de la oferta de empleo público y la convocatoria de los procesos selectivos se atribuyan a las Comunidades Autónomas. “No encontramos justificación al hecho de que el Gobierno estatal impida o restrinja la oferta de empleo público en el ámbito de la Administración de Justicia cuando dicha decisión sólo trae como consecuencia que se soporten altas tasas de interinidad en la función y que no pueda avanzarse en la mejora de la profesionalización del sector”, señaló el consejero.

Hernández Spínola aprovechó este congreso de Procuradores para manifestar además su preocupación acerca de otra normativa que prepara el Gobierno que preside Mariano Rajoy: la nueva ley de colegios profesionales. Como recordarán los lectores, dicha norma faculta a cualquier abogado a ejercer como procurador, lo que según estos profesionales devendría en un caos en el sector.

A este respecto, el consejero regional mostró su apoyo a los profesionales y explicó que “hablamos de una ley que condena a la justicia a un daño irreparable, colapsándola y perjudicando, no sólo a los procuradores y a los colegios profesionales en general, sino sobre todo al ciudadano”.

La implantación de esta normativa, añadió Spínola, “puede acarrear unas disfunciones enormes, por lo que este proyecto debe ser reconsiderado en beneficio de la Administración de Justicia”. El Gobierno de Canarias, continuó, apoya y defiende la necesidad del procurador como agente de intervención directa y proactiva en la dinamización de las relaciones entre las partes, sus abogados y la burocracia judicial.

En su discurso, el consejero anunció novedades en el sector, como la ampliación de los servicios telemáticos a la hora de la notificación.