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El CGPJ se reúne de urgencia para estudiar la prohibición por Interior de la visita de jueces al CIE de Gran Canaria

   

EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido de urgencia pasadas las 14.00 horas de hoy, a petición del vocal de este órgano Álvaro Cuesta, para estudiar si este órgano solicita formalmente al Ministerio del Interior que permita la visita un grupo de jueces, participantes del Foro de Inmigración que se celebra en Gran Canaria, al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco. El Ministerio había desautorizado la visita.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que la iniciativa partió de las vocales Roser Bach y Concepción Sáez, quienes remitieron un escrito a la Permanente para solicitar que este asunto fuera tratado en el órgano de gobierno de los jueces en aras a la necesaria cooperación entre instituciones.

Consideraban además que estas vocales en su escrito que la realidad de la inmigración es un tema vital para la formación de los jueces, y de ahí la importancia de la visita del citado Foro a este centro, han señalado a Europa Press fuentes del CGPJ.

El asunto iba a ser tratado previsiblemente en la próxima reunión de la Permanente, prevista para este martes, aunque la reunión se ha precipitado a petición de Cuesta, que ayer por la tarde solicitó por escrito la convocatoria urgente de la Permanente en el día de hoy.

La prohibición de interior mereció ayer una reacción de la asociación Jueces para la Demoracia, que en un comunicado recordó que este foro es una actividad organizada conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias en el marco del convenio de formación continua descentralizada en materia de extranjería.

Al Foro acuden anualmente 30 miembros de las carreras judicial y fiscal, estando prevista la visita al CIE para esta misma tarde.

“Decisiones gubernativas como ésta solo conducen a quebrar la confianza en las instituciones y a dudar legítimamente acerca del grado de cumplimiento de la ley en el interior de estos centros, de un modo inadmisible en un estado de derecho”, concluía Jueces para la Democracia.